Por: Jaime de Althaus Guarderas
EL COMERCIO
29-08-09
En los últimos años se han producido avances sociales muy importantes de los que ni el Gobierno parece consciente. Revisando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, se observa que se está produciendo un salto estructural en los niveles de inclusión social en los servicios de salud y educación. En efecto, la tasa de asistencia a educación inicial de niños de 3 a 5 años de edad a ha pasado de un 47% en el 2000 a 64% en el 2008, y lo mismo está ocurriendo en el porcentaje de adolescentes que va a secundaria, que en el área rural ha pasado de un 43% en el 2000 a un 63% en el 2008. Esto debería ser acompañado por un incremento simultáneo en la calidad de la enseñanza, y en ese sentido hay que saludar que se haya convocado a un nuevo concurso en octubre para el ingreso a la carrera pública magisterial.
En el ámbito de la salud los progresos de la inclusión son aun mayores: el porcentaje de personas en el área rural afiliado a algún tipo de seguro (al Seguro Integral de Salud —SIS— principalmente), ha pasado del 30% en el 2004 al 61% en el 2008. Es decir, se ha duplicado en solo cinco años. El gran salto se dio el 2008, en que pasó de 39% a 61%. Haría falta constatar el nivel de esta atención, pero la reciente ley de aseguramiento universal debe llevar en unos pocos años a un plan bastante más completo y a toda la población de menores recursos. Está comenzando este año con una atención a todo el universo pobre en Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, el VRAE y algunos distritos pobres más. Veremos.
Si a esto se suman los avances en electrificación rural y el ingreso creciente de celulares al campo —ya hay casi 23 millones de líneas vendidas en el Perú—, no cabe duda de que estamos ad portas de un vuelco estructural en las condiciones de incorporación del agro rural andino a la economía nacional. Es el momento, entonces, de entrar masivamente con tecnologías de riego, producción y vivienda que incrementen sustancialmente la productividad campesina. Están dadas las condiciones. El recientemente publicado reglamento que hace posible a las regiones y gobiernos locales destinar el 10% de sus presupuestos de inversión a esta clase de proyectos, es un instrumento cuya utilización debería ser alentada desde todos los frentes.
Y si a esto se sumara la formalización de las mypes en virtud de la campaña ya iniciada de aplicación de la respectiva ley, pues no cabe duda de que en pocos años los sectores populares del Perú habrán recuperado su propio país.
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