Por: Richard Webb
EL COMERCIO
28-02-11
No todos los días un ganador del Premio Nobel de la Paz lanza una guerra, pero es lo que acaba de hacer Muhammad Yunus, premiado por ser pionero de las microfinanzas.
Yunus ha disparado con furia moralista, denunciando a las instituciones financieras que, a su criterio, “lucran” de la actividad crediticia. Dice que fundó el Grameen Bank en Bangladesh para eliminar a los prestamistas usureros, pero hoy observa, indignado, la aparición de una industria microfinanciera que hace grandes ganancias aprovechándose de los pobres.
Yunus confunde el medio con el fin, el método con el resultado.
El gran motor que está acabando con la pobreza en el mundo nunca ha sido la filantropía sino el negocio.
Las chompas, camisas y zapatillas baratas, el atún y la leche en lata para los que no tienen refrigeradora, las vacunas, los fósforos, las máquinas de coser, las ollas de lata y acero, la electricidad, el foco de luz, las sustancias químicas que purifican el agua, el camión que lleva papas y arroz al mercado, el celular, todos son productos que mejoran la vida de los más pobres y que han sido inventados y producidos por empresarios que buscaban y conseguían ganancias.
La revolución industrial fue liderada por los capitalistas ingleses, cuyas fábricas y tecnologías abarataron el costo de la ropa para los pobres en todo el mundo, y hoy son los capitalistas de la China y de la India quienes continúan esa labor, no como un acto de caridad o de responsabilidad social sino para ganar dinero.
La filantropía adereza el trabajo fundamental que hacen la tecnología y el negocio, pero como todo aderezo puede ser contraproducente.
Las microfinanzas han logrado lo mismo que las fábricas en la revolución industrial: han abaratado enormemente el costo de una necesidad de los pobres.
Hasta hace pocos años, el crédito era inaccesible, casi impensable para el morador de una casucha en los cerros de Lima o para el campesino de la puna.
Hoy consiguen crédito con tanta facilidad que han surgido temores de un exceso de endeudamiento.
El moralista se fija en los medios y en las apariencias; la ética en los resultados.
Si bien la industria de microfinanzas ha generado utilidades, como otras innovaciones en los negocios, también ha logrado una mejora extraordinaria en la gama de oportunidades que tiene el pequeño empresario.
Así como la justicia extrema es injusticia, según dijo Cicerón, podríamos decir que el moralismo extremo termina siendo inmoral.
lunes, 28 de febrero de 2011
miércoles, 23 de febrero de 2011
México y los TLC: pocos datos, muchas especulaciones
María Cristina Capelo*
Lun, 02/21/2011 - 11:16
En la discusión en torno a las negociaciones comerciales que actualmente México lleva con Brasil, Colombia y Perú, existen escasos datos sobre las ganancias potenciales y demasiadas especulaciones sobre las pérdidas.
Cualquier acuerdo comercial implica ganadores y perdedores. Los gobiernos pueden entender este balance e implementar acciones que busquen corregir las pérdidas antes y después de que entre en vigor el tratado. Si la sociedad estuviera segura de que en general se vería beneficiada del intercambio, habría menos oposición a la adopción de TLCs y acuerdos comerciales.
¿Por qué México querría más acuerdos comerciales? Experiencias anteriores de México, en particular con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nos permiten esclarecer algunos puntos que hoy se debaten a nivel político.
A 16 años de firmar el TLCAN, se observan resultados positivos para la sociedad en general, no obstante subsisten sectores que aún no han transitado a otras actividades o incrementado su productividad y que por ello demandan una compensación del Estado. De entrada, el limitado crecimiento de la economía mexicana (cuya tasa de crecimiento anual ha promediado 2,4% anual en este periodo) se explica a partir del desempeño del sector exportador, tanto el industrial como el de servicios; no así el agroalimentario. Asimismo, los consumidores nos hemos visto beneficiados por el TLCAN con mayor competencia, lo que ha implicado precios más bajos y mayor acceso a productos y servicios de todo tipo.
El TLCAN también permitió al gobierno mexicano implementar reformas internas que, sin la presión externa, probablemente no hubieran transitado. Ante estos resultados, ¿vale la pena apostar a una mayor diversificación del intercambio comercial de México con el mundo? La respuesta parece ser un contundente sí.
Tomando en cuenta que aún contando con acceso libre a múltiples mercados en todo el mundo, aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas están volcadas al mercado de Estados Unidos, distintos gobiernos mexicanos han insistido en la importancia de diversificar los mercados de acceso para productos mexicanos. De ahí los once acuerdos que dan a México acceso a 43 países y la actual negociación con tres países suramericanos, Brasil, Colombia y Perú, para ampliar los convenios comerciales existentes.
¿Quién está a favor y quién se opone a una mayor integración con América del Sur? Sectores industriales como el automotriz y de autopartes, el químico y el electrónico, ven gran potencial para sus productos en el mercado suramericano. Particularmente el sector servicios, las empresas de telecomunicaciones, hotelería, construcción, entretenimiento, banca, y tiendas departamentales ya se han visto favorecidas de acuerdos más sólidos que protejan sus inversiones.
La oposición proviene en su mayoría del sector agroalimentario. Argumentan que cualquier nuevo acuerdo traería beneficios mínimos para sus sectores y, por lo tanto, no valen la pena. Se ha vuelto común escuchar declaraciones de los representantes del sector acerca del ‘peligro’ de la fiebre aftosa proveniente de Colombia y Perú, de las barreras no arancelarias de Brasil, e inclusive amenazas de que la producción mexicana desaparecería por completo si se firman más acuerdos comerciales.
El problema del sector agroalimentario y su justificación para oponerse a un TLC. Sin justificar la existencia de acciones para atrasar la firma de acuerdos importantes, las demandas del sector agroalimentario se sustentan en la casi completa falta de atención que los gobiernos mexicanos han prestado al campo. Se puede argumentar que la oportunidad que presentó la firma del TLCAN, para incrementar la productividad y la competitividad de algunos sectores, ha sido desaprovechada, tanto por los propios productores como por los diversos gobiernos. Esa falta de competitividad, aunada al peso de organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), crea un caldo de cultivo perfecto para frenar cualquier intento de avanzar hacia esquemas de mayor competencia con el resto del mundo.
La realidad es que los productores del campo en México son altamente improductivos. Sin embargo, vale la pena resaltar que los problemas del campo mexicano existen desde antes de firmar cualquier acuerdo comercial. El hecho de que una buena parte de los agricultores tengan problemas al acceso de crédito, aunado al abandono educativo de las zonas rurales, políticas de subsidios que acaban por ser regresivas y un mercado plagado de prácticas monopólicas en beneficio de especuladores, deriva en la terrible vulnerabilidad del sector.
El que existan problemas no resueltos en el campo mexicano, no implica que un TLC acabaría por destruirlo todo. Se trata de dos temas que se tienen que tratar por separado. Al culpar a un acuerdo comercial de los problemas del sector agroalimentario se está buscando una salida fácil y no una que implique la modernización de la producción. Las declaraciones acerca de la fiebre aftosa y el incumplimiento de normas, que la CNA y demás organizaciones ponen como excusa para evitar la firma de tratados con Brasil, Colombia y Perú, constituyen tácticas dilatorias. Si existen preocupaciones reales, éstas pueden resolverse en las cláusulas del tratado correspondiente, con las precauciones y remedios pertinentes. Inclusive, algunos sectores agrícolas se pueden ver beneficiados de un mayor intercambio comercial con países suramericanos.
En suma, falta información y faltan acciones para compensar a los perdedores.
En la discusión pública sobre las negociaciones comerciales con los países suramericanos, únicamente encontramos especulaciones políticas. El gobierno mexicano ha sido muy deficiente en presentar estudios, datos y argumentos que prueben que el beneficio total para el país es mayor a las pérdidas. Además de ofrecer datos se podrían ofrecer soluciones para la restructuración y recapacitación de los desempleados en sectores afectados, ya que políticamente parece infactible que la gente acepte el “desempleo a corto plazo” sin que parezca “complot neoliberal”.
El argumento de la diversificación de acceso a mercados para los productos mexicanos tiene mucho sentido, pero debe ganarse el apoyo de la sociedad y acompañar la agenda comercial con una serie de políticas públicas que promuevan el crecimiento en todos los sectores y ofrezcan alternativas a los afectados. Sin esto, la oposición de las organizaciones campesinas se vuelve muy convincente y, contrario al beneficio general, se merma la percepción de que existen beneficios incalculables con una mayor apertura comercial.
*Es integrante de CIDAC y coordina la Red Mexicana de Competencia y Regulación, participando en proyectos de investigación en temas de productividad, pymes, evaluación de proyectos gubernamentales y energía. Colaboró en el análisis de impacto de la inversión extranjera en América Latina con la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUD). Es egresada de la Maestría en Política Pública de la Universidad de Duke y es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Washington.
Fuente: América Economía
Lun, 02/21/2011 - 11:16
En la discusión en torno a las negociaciones comerciales que actualmente México lleva con Brasil, Colombia y Perú, existen escasos datos sobre las ganancias potenciales y demasiadas especulaciones sobre las pérdidas.
Cualquier acuerdo comercial implica ganadores y perdedores. Los gobiernos pueden entender este balance e implementar acciones que busquen corregir las pérdidas antes y después de que entre en vigor el tratado. Si la sociedad estuviera segura de que en general se vería beneficiada del intercambio, habría menos oposición a la adopción de TLCs y acuerdos comerciales.
¿Por qué México querría más acuerdos comerciales? Experiencias anteriores de México, en particular con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nos permiten esclarecer algunos puntos que hoy se debaten a nivel político.
A 16 años de firmar el TLCAN, se observan resultados positivos para la sociedad en general, no obstante subsisten sectores que aún no han transitado a otras actividades o incrementado su productividad y que por ello demandan una compensación del Estado. De entrada, el limitado crecimiento de la economía mexicana (cuya tasa de crecimiento anual ha promediado 2,4% anual en este periodo) se explica a partir del desempeño del sector exportador, tanto el industrial como el de servicios; no así el agroalimentario. Asimismo, los consumidores nos hemos visto beneficiados por el TLCAN con mayor competencia, lo que ha implicado precios más bajos y mayor acceso a productos y servicios de todo tipo.
El TLCAN también permitió al gobierno mexicano implementar reformas internas que, sin la presión externa, probablemente no hubieran transitado. Ante estos resultados, ¿vale la pena apostar a una mayor diversificación del intercambio comercial de México con el mundo? La respuesta parece ser un contundente sí.
Tomando en cuenta que aún contando con acceso libre a múltiples mercados en todo el mundo, aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas están volcadas al mercado de Estados Unidos, distintos gobiernos mexicanos han insistido en la importancia de diversificar los mercados de acceso para productos mexicanos. De ahí los once acuerdos que dan a México acceso a 43 países y la actual negociación con tres países suramericanos, Brasil, Colombia y Perú, para ampliar los convenios comerciales existentes.
¿Quién está a favor y quién se opone a una mayor integración con América del Sur? Sectores industriales como el automotriz y de autopartes, el químico y el electrónico, ven gran potencial para sus productos en el mercado suramericano. Particularmente el sector servicios, las empresas de telecomunicaciones, hotelería, construcción, entretenimiento, banca, y tiendas departamentales ya se han visto favorecidas de acuerdos más sólidos que protejan sus inversiones.
La oposición proviene en su mayoría del sector agroalimentario. Argumentan que cualquier nuevo acuerdo traería beneficios mínimos para sus sectores y, por lo tanto, no valen la pena. Se ha vuelto común escuchar declaraciones de los representantes del sector acerca del ‘peligro’ de la fiebre aftosa proveniente de Colombia y Perú, de las barreras no arancelarias de Brasil, e inclusive amenazas de que la producción mexicana desaparecería por completo si se firman más acuerdos comerciales.
El problema del sector agroalimentario y su justificación para oponerse a un TLC. Sin justificar la existencia de acciones para atrasar la firma de acuerdos importantes, las demandas del sector agroalimentario se sustentan en la casi completa falta de atención que los gobiernos mexicanos han prestado al campo. Se puede argumentar que la oportunidad que presentó la firma del TLCAN, para incrementar la productividad y la competitividad de algunos sectores, ha sido desaprovechada, tanto por los propios productores como por los diversos gobiernos. Esa falta de competitividad, aunada al peso de organizaciones como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), crea un caldo de cultivo perfecto para frenar cualquier intento de avanzar hacia esquemas de mayor competencia con el resto del mundo.
La realidad es que los productores del campo en México son altamente improductivos. Sin embargo, vale la pena resaltar que los problemas del campo mexicano existen desde antes de firmar cualquier acuerdo comercial. El hecho de que una buena parte de los agricultores tengan problemas al acceso de crédito, aunado al abandono educativo de las zonas rurales, políticas de subsidios que acaban por ser regresivas y un mercado plagado de prácticas monopólicas en beneficio de especuladores, deriva en la terrible vulnerabilidad del sector.
El que existan problemas no resueltos en el campo mexicano, no implica que un TLC acabaría por destruirlo todo. Se trata de dos temas que se tienen que tratar por separado. Al culpar a un acuerdo comercial de los problemas del sector agroalimentario se está buscando una salida fácil y no una que implique la modernización de la producción. Las declaraciones acerca de la fiebre aftosa y el incumplimiento de normas, que la CNA y demás organizaciones ponen como excusa para evitar la firma de tratados con Brasil, Colombia y Perú, constituyen tácticas dilatorias. Si existen preocupaciones reales, éstas pueden resolverse en las cláusulas del tratado correspondiente, con las precauciones y remedios pertinentes. Inclusive, algunos sectores agrícolas se pueden ver beneficiados de un mayor intercambio comercial con países suramericanos.
En suma, falta información y faltan acciones para compensar a los perdedores.
En la discusión pública sobre las negociaciones comerciales con los países suramericanos, únicamente encontramos especulaciones políticas. El gobierno mexicano ha sido muy deficiente en presentar estudios, datos y argumentos que prueben que el beneficio total para el país es mayor a las pérdidas. Además de ofrecer datos se podrían ofrecer soluciones para la restructuración y recapacitación de los desempleados en sectores afectados, ya que políticamente parece infactible que la gente acepte el “desempleo a corto plazo” sin que parezca “complot neoliberal”.
El argumento de la diversificación de acceso a mercados para los productos mexicanos tiene mucho sentido, pero debe ganarse el apoyo de la sociedad y acompañar la agenda comercial con una serie de políticas públicas que promuevan el crecimiento en todos los sectores y ofrezcan alternativas a los afectados. Sin esto, la oposición de las organizaciones campesinas se vuelve muy convincente y, contrario al beneficio general, se merma la percepción de que existen beneficios incalculables con una mayor apertura comercial.
*Es integrante de CIDAC y coordina la Red Mexicana de Competencia y Regulación, participando en proyectos de investigación en temas de productividad, pymes, evaluación de proyectos gubernamentales y energía. Colaboró en el análisis de impacto de la inversión extranjera en América Latina con la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (CNUD). Es egresada de la Maestría en Política Pública de la Universidad de Duke y es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Washington.
Fuente: América Economía
Financial Times: situación económica de Brasil recuerda la crisis de EE.UU. en 2008
Mar, 22/02/2011 - 19:30
Un artículo crítico, respecto de la coyuntura económica de Brasil, presentó este martes el diario británico Financial Times, comparándola con la crisis que afactó a Estados Unidos en 2008.
Según la publicación del diario ingles, se recomienda que el país sudamericano equilibre su proporción entre ahorro e inversión para reducir el exceso de crédito, consigna emol.
Financial Times señala que, con un crecimiento de los préstamos de 2,4 veces del PIB nominal, la situación económica de Brasil "recuerda de forma preocupante a la crisis financiera que sufrió Estados Unidos en 2008", señala el artículo.
Paul Marshall, CEO de Marshall Wace y administrador de Eureka Fund, es el autor del informe, e indica además que las deudas llegaron a 24% de la renta de Brasil, creando una burbuja crediticia. Comparativamente, la economía norteamericana entró en crisis con una relación de 14%, dice el texto citado por el portal chileno.
"La realidad es que países como China e India están más cubiertos por rápidas tasas de crecimiento, manteniendo altas tasas de ahorro", afirma el texto.
El Financial Times recomienda que Brasil, "equilibre su proporción de ahorro e inversión" y también recuerda los problemas de Brasil con la deuda externa y la inflación, informa emol.
Fuente: América Economía
Un artículo crítico, respecto de la coyuntura económica de Brasil, presentó este martes el diario británico Financial Times, comparándola con la crisis que afactó a Estados Unidos en 2008.
Según la publicación del diario ingles, se recomienda que el país sudamericano equilibre su proporción entre ahorro e inversión para reducir el exceso de crédito, consigna emol.
Financial Times señala que, con un crecimiento de los préstamos de 2,4 veces del PIB nominal, la situación económica de Brasil "recuerda de forma preocupante a la crisis financiera que sufrió Estados Unidos en 2008", señala el artículo.
Paul Marshall, CEO de Marshall Wace y administrador de Eureka Fund, es el autor del informe, e indica además que las deudas llegaron a 24% de la renta de Brasil, creando una burbuja crediticia. Comparativamente, la economía norteamericana entró en crisis con una relación de 14%, dice el texto citado por el portal chileno.
"La realidad es que países como China e India están más cubiertos por rápidas tasas de crecimiento, manteniendo altas tasas de ahorro", afirma el texto.
El Financial Times recomienda que Brasil, "equilibre su proporción de ahorro e inversión" y también recuerda los problemas de Brasil con la deuda externa y la inflación, informa emol.
Fuente: América Economía
viernes, 11 de febrero de 2011
Los Comuneros No tienen Derecho a la Propiedad
Por: Jaime De Althaus Guarderas
EL COMERCIO
11-02-11
En el Perú hay temas que son invisibles porque desafían los mitos a través de los cuales entendemos la realidad. Y, si son invisibles, no aparecen, naturalmente, en los planes de gobierno presentados en la campaña electoral, ni en los programas del Gobierno Peruano siquiera. Uno de esos temas es la titulación individual de la propiedad al interior de las comunidades campesinas, un derecho que, hasta ahora, les está negado a los comuneros, lo que los convierte en ciudadanos de segunda o tercera clase, víctimas de un verdadero ‘apartheid’ legal por parte del Estado Peruano.
En esto funciona todavía el mito colectivista de la comunidad campesina, que, por razones distintas, satisface la conciencia moral de muchos. Pero la verdad es que la comunidad, si bien suele ser todavía, en alguna medida, una unidad social endogámica que planifica algunas cosas en común, la producción es familiar –no comunal– y las tierras de cultivo son privadas y se heredan de padres a hijos. Por eso, hay en las comunidades una demanda clara por la titulación individual de las tierras de cultivo, sobre todo las que están bajo riego. En efecto, una encuesta a 450 comuneros en 18 comunidades campesinas de Cusco y Puno realizada en 1998 reveló que el 60% de los comuneros respondió favorablemente a la opción por la titulación individual de sus tierras, resultado consistente con encuestas similares aplicadas en Ayacucho. Se constató también la costumbre de acudir a notarios, Registros Públicos y hasta el pago de autoavalúos para formalizar sus posesiones, asegurar los procesos de herencia y garantizar la inversión en las parcelas (Carlos Monge y Jaime Urrutia, “El debate sobre la titulación en comunidades del sur andino”, en SEPIA VII 1999: 399-400).
Víctor Agreda y Claudia Mendieta, en un informe no publicado, verificaron lo mismo en las comunidades campesinas de Ayarmaca y Juan Velasco Alvarado en el Cusco. Allí las familias comuneras ostentan documentos de propiedad de diferente naturaleza (escrituras ante notario o juez de paz, documentos de compraventa, herencias, etc.), pero se trata de documentos “imperfectos”. Lo que desean es el título inscrito en los Registros Públicos para respaldar legalmente ese derecho y tener la seguridad de que podrán legar estas tierras a sus descendientes con ese mismo respaldo legal.
El problema es que el Estado Peruano sencillamente no atiende esta demanda pese a que la Ley de Tierras de 1995 abre el camino para hacerlo, por la sencilla razón de que no ha querido reglamentar esa ley y porque los funcionarios de Cofopri y de la Sunarp, por su parte, se han mostrado reacios a aceptar iniciativas de este tipo y mucho menos a promoverlas. Hay, en buena cuenta, una conspiración contra las comunidades que es necesario develar para reconocer a los comuneros los mismos derechos a la propiedad que tienen todos los peruanos.
EL COMERCIO
11-02-11
En el Perú hay temas que son invisibles porque desafían los mitos a través de los cuales entendemos la realidad. Y, si son invisibles, no aparecen, naturalmente, en los planes de gobierno presentados en la campaña electoral, ni en los programas del Gobierno Peruano siquiera. Uno de esos temas es la titulación individual de la propiedad al interior de las comunidades campesinas, un derecho que, hasta ahora, les está negado a los comuneros, lo que los convierte en ciudadanos de segunda o tercera clase, víctimas de un verdadero ‘apartheid’ legal por parte del Estado Peruano.
En esto funciona todavía el mito colectivista de la comunidad campesina, que, por razones distintas, satisface la conciencia moral de muchos. Pero la verdad es que la comunidad, si bien suele ser todavía, en alguna medida, una unidad social endogámica que planifica algunas cosas en común, la producción es familiar –no comunal– y las tierras de cultivo son privadas y se heredan de padres a hijos. Por eso, hay en las comunidades una demanda clara por la titulación individual de las tierras de cultivo, sobre todo las que están bajo riego. En efecto, una encuesta a 450 comuneros en 18 comunidades campesinas de Cusco y Puno realizada en 1998 reveló que el 60% de los comuneros respondió favorablemente a la opción por la titulación individual de sus tierras, resultado consistente con encuestas similares aplicadas en Ayacucho. Se constató también la costumbre de acudir a notarios, Registros Públicos y hasta el pago de autoavalúos para formalizar sus posesiones, asegurar los procesos de herencia y garantizar la inversión en las parcelas (Carlos Monge y Jaime Urrutia, “El debate sobre la titulación en comunidades del sur andino”, en SEPIA VII 1999: 399-400).
Víctor Agreda y Claudia Mendieta, en un informe no publicado, verificaron lo mismo en las comunidades campesinas de Ayarmaca y Juan Velasco Alvarado en el Cusco. Allí las familias comuneras ostentan documentos de propiedad de diferente naturaleza (escrituras ante notario o juez de paz, documentos de compraventa, herencias, etc.), pero se trata de documentos “imperfectos”. Lo que desean es el título inscrito en los Registros Públicos para respaldar legalmente ese derecho y tener la seguridad de que podrán legar estas tierras a sus descendientes con ese mismo respaldo legal.
El problema es que el Estado Peruano sencillamente no atiende esta demanda pese a que la Ley de Tierras de 1995 abre el camino para hacerlo, por la sencilla razón de que no ha querido reglamentar esa ley y porque los funcionarios de Cofopri y de la Sunarp, por su parte, se han mostrado reacios a aceptar iniciativas de este tipo y mucho menos a promoverlas. Hay, en buena cuenta, una conspiración contra las comunidades que es necesario develar para reconocer a los comuneros los mismos derechos a la propiedad que tienen todos los peruanos.
martes, 1 de febrero de 2011
Negocio del Gas en Venezuela Fracasa ante Desplome de Precios
Uno de los grandes motivos es que el gobierno insiste en precios "extremadamente" bajos en el mercado interno, considerando que también se exige a las petroleras abastecer con prioridad el consumo local, hasta que sea satisfecho en 100%. Tampoco ayudan los deprimidos precios del mercado internacional, entre otros factores.
El otro ruido en torno a la ley del sector es la posibilidad de que el gobierno modifique el esquema que permite a los privados mantener hasta 100% de participación.
Lun, 31/01/2011
Caracas. No nos montamos en el autobús del gas natural. Venezuela está en pañales con sus proyectos definidos en el plan Siembra Petrolera, al punto que las únicas moléculas nuevas provenientes de las 19 licitaciones firmadas en la última década son de Yucal Placer, que arroja apenas 100 millones de barriles diarios, cuando el déficit local supera los 2.000 millones de pies cúbicos diarios", dijo visiblemente preocupado un empresario del sector.
Sin embargo, el cronograma de este bloque, operado por Total, Repsol y las compañías venezolanas Inepetrol, Otepi e Ypergas, debería haber incrementado su producción a partir de 2007, para cuando se estimaba la segunda fase del programa de producción, que sumaría unos 300 millones de pies cúbicos por día. No fue así. El paso lento de los proyectos en general ha sido consecuencia de factores tanto internos como en el plano internacional. Ellos demarcaron un panorama nada atractivo para los proyectos a escala global y en Venezuela especialmente, si se suma a ello que el país desaprovechó el boom del gas entre 2003-2008.
Inviable. "El negocio gasífero en el país es particularmente inviable con las condiciones actuales. Los estudios financieros hechos y rehechos por las compañías interesadas y las ya comprometidas en proyectos (Chevron, la italiana Eni, la española Repsol, la rusa Gazprom y la francesa Total) obtienen en papel retornos de inversión lejanos, costos elevadísimos y precios internacionales y locales nada remunerativos que incentiven los desembolsos que deben hacer", comentó el representante de una de las compañías involucradas.
Según estudios de varias agencias de investigación internacionales de energía, el gas natural es menos rentable que el petróleo. "Históricamente ha sido así", señala, incluso con precios remunerativos. Hay un diferencial entre costos e ingresos mucho más estrecho que en los negocios petroleros, y las inversiones son igual de costosas.
Lo que pasa en el mundo. Cuando la crisis financiera de finales de 2008, se desplomaron los precios del petróleo y del gas. Pero las cotizaciones del crudo repuntaron de manera sostenida y significativa, mientras que el gas quedó sumido en la contracción.
Los precios de este combustible fósil están hoy muy por debajo de los reportados durante la plena crisis financiera entre 2008, 2009 y el año pasado, según reportes de la Agencia de Energía de los Estados Unidos y de la British Petroleum (BP).
Cabe preguntarse ¿qué ha contenido las cotizaciones del gas en los mercados internacionales?
Los estudiosos en la materia dicen que, luego de la crisis global, se produjo en el mercado del gas un enorme excedente de producción y de capacidad, que dio al traste con la mayoría de los proyectos en papel, e inclusive con muchos próximos a entrar en la fase comercial.
Ahora se habla de un "glut" (exceso) de gas natural. Dicen analistas internacionales que esta inundación va a alcanzar su pico en los próximos dos a tres años, y que solo se irá disipando a lo largo de la década, que finalmente dará paso a una oferta y demanda más estrecha y más balanceada.
"Con este panorama, muchos proyectos quedarán en nevera, mientras en Venezuela las empresas que lograron licitaciones deshojarán la margarita pensando si el riesgo vale la pena", señaló una fuente ligada a la industria.
Restricción. Asimismo, el analista del negocio Diego González Cruz señala que Estados Unidos, el mayor consumidor de gas natural del mundo, ha restringido las importaciones de este combustible. Los hallazgos de nuevos yacimientos de "shale gas" o gas de esquisto han arreciado su explotación, y el país ha comenzado a prescindir de las plantas de regasificación a las que arribaban los buques provenientes de diferentes destinos.
"Esas plantas están paralizadas en su mayoría, Estados Unidos se autoabastece de gas, mala noticia para los inversores".
¿Qué pasa en Venezuela? La primera consideración que hacen los especialistas en el tema es que "no nos montamos en el carro de la historia en materia de gas natural, pese a las importantes reservas que tiene el país. Los esfuerzos iniciales hechos por la administración del presidente, Hugo Chávez Frías, se desvanecieron y quedaron en suspenso".
En 1999, tras un destacado esfuerzo, Alí Rodríguez Araque y Álvaro Silva Calderón lograron darle cuerpo a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Según empresarios locales y transnacionales, "un excelente marco legal para atraer inversiones internacionales", que se ha desaprovechado.
Entre ese año y 2005 se entregaron licencias de gas, entre ellas de Yucal Placer. Se exploró gas natural en Tiznados y Barbacoa, en Guárico. En 2002 se dio inicio a la exploración en la Plataforma Deltana y en 2006 Statoil encontró reservas estimadas en 7 BPC de gas en esa zona.
El año 2010 Eni y Repsol informaron que el bloque Cardón IV en el proyecto Rafael Urdaneta tenía reservas probadas de unos 15 BPC.
"También se hizo el intento, y hay que tenerlo presente, de buscar un socio, a través de una nueva licitación selectiva, para el viejo proyecto Mariscal Sucre, La Blanquilla y Punta Pescador, y en 2009 se invitó a varias empresas internacionales. Pero no presentaron ofertas", recordó un conocedor del tema que prefirió el anonimato.
Y no presentaron ofertas, de acuerdo con fuentes del sector, básicamente por la situación de abundancia.
El "gas glut" (exceso de gas) estaba en su apogeo, y las cotizaciones del combustible estaban muy deprimidas.
En consecuencia, el dinamismo se detuvo, el impulso que se traía se desvaneció, y justamente durante el boom petrolero y gasífero de 2003 a 2008.
"Y llegamos al deterioro del mercado, que vislumbra una luz al final del túnel, más o menos en una década", comentó un empresario del área.
Pero el escenario local tampoco ayudó. El Gobierno insiste en precios "extremadamente" bajos en el mercado interno, considerando que también se exige a las petroleras abastecer con prioridad el consumo local, hasta que sea satisfecho en 100%.
Ahora bien, el punto central del comentario es que los precios están deprimidos también en el mercado internacional, solo que los fijados por el Ejecutivo nacional en el país se mantienen tres veces por debajo, comenta el analista en petróleo y gas, Diego González Cruz, ex gerente de Pdvsa.
Los interesados en el negocio del gas en Venezuela se quejan de que, por otro lado, el Gobierno amenaza con maximizar los impuestos y las regalías, pese a que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseoso contempla ya una carga para la regalía de 20% y para el Impuesto Sobre la Renta de 34%.
Comentan que para el negocio del gas este esquema podría resultar razonable, pero que una tasa mayor sería inviable.
El otro ruido en torno a la ley del sector, que para González Cruz no es nuevo, es la posibilidad de que el Gobierno modifique el esquema que permite a los privados mantener hasta 100% de participación.
El Ejecutivo nacional ha dejado ver, en diversas ocasiones, que su intención es calcar en los negocios gasíferos el esquema de Empresas Mixtas utilizado en las asociaciones petroleras, donde el Estado tiene la mayoría accionaria. "Eso sería mortal para los planes de gas en Venezuela", comenta González.
Empresarios ligados a los negocios de gas sostienen que introducir un elemento de incertidumbre jurídica en este momento terminaría por alejar más todavía a los capitales.
¿Por qué es importante no modificar la ley?, según los entendidos, básicamente, porque da la sensación de estabilidad a los inversionistas, además de que no es necesario.
"La ley dice que los privados pueden tener hasta 100% de la torta accionaria, pero el Estado puede negociar en cada caso la participación, como lo ha hecho con algunas compañías. Incluso Pdvsa había limitado su acceso a 35%. Esto da mucha más flexibilidad tanto a los privados como al Estado", aseguró un involucrado.
El futuro del gas en Venezuela, según entendidos y afectados, es de pronóstico reservado. No está clara su cristalización, toda vez que el Ejecutivo nacional luce inconforme con su esquema legal, y el entorno internacional no da mejores perspectivas.
Fuente: AMÉRICA ECONOMÍA
El otro ruido en torno a la ley del sector es la posibilidad de que el gobierno modifique el esquema que permite a los privados mantener hasta 100% de participación.
Lun, 31/01/2011
Caracas. No nos montamos en el autobús del gas natural. Venezuela está en pañales con sus proyectos definidos en el plan Siembra Petrolera, al punto que las únicas moléculas nuevas provenientes de las 19 licitaciones firmadas en la última década son de Yucal Placer, que arroja apenas 100 millones de barriles diarios, cuando el déficit local supera los 2.000 millones de pies cúbicos diarios", dijo visiblemente preocupado un empresario del sector.
Sin embargo, el cronograma de este bloque, operado por Total, Repsol y las compañías venezolanas Inepetrol, Otepi e Ypergas, debería haber incrementado su producción a partir de 2007, para cuando se estimaba la segunda fase del programa de producción, que sumaría unos 300 millones de pies cúbicos por día. No fue así. El paso lento de los proyectos en general ha sido consecuencia de factores tanto internos como en el plano internacional. Ellos demarcaron un panorama nada atractivo para los proyectos a escala global y en Venezuela especialmente, si se suma a ello que el país desaprovechó el boom del gas entre 2003-2008.
Inviable. "El negocio gasífero en el país es particularmente inviable con las condiciones actuales. Los estudios financieros hechos y rehechos por las compañías interesadas y las ya comprometidas en proyectos (Chevron, la italiana Eni, la española Repsol, la rusa Gazprom y la francesa Total) obtienen en papel retornos de inversión lejanos, costos elevadísimos y precios internacionales y locales nada remunerativos que incentiven los desembolsos que deben hacer", comentó el representante de una de las compañías involucradas.
Según estudios de varias agencias de investigación internacionales de energía, el gas natural es menos rentable que el petróleo. "Históricamente ha sido así", señala, incluso con precios remunerativos. Hay un diferencial entre costos e ingresos mucho más estrecho que en los negocios petroleros, y las inversiones son igual de costosas.
Lo que pasa en el mundo. Cuando la crisis financiera de finales de 2008, se desplomaron los precios del petróleo y del gas. Pero las cotizaciones del crudo repuntaron de manera sostenida y significativa, mientras que el gas quedó sumido en la contracción.
Los precios de este combustible fósil están hoy muy por debajo de los reportados durante la plena crisis financiera entre 2008, 2009 y el año pasado, según reportes de la Agencia de Energía de los Estados Unidos y de la British Petroleum (BP).
Cabe preguntarse ¿qué ha contenido las cotizaciones del gas en los mercados internacionales?
Los estudiosos en la materia dicen que, luego de la crisis global, se produjo en el mercado del gas un enorme excedente de producción y de capacidad, que dio al traste con la mayoría de los proyectos en papel, e inclusive con muchos próximos a entrar en la fase comercial.
Ahora se habla de un "glut" (exceso) de gas natural. Dicen analistas internacionales que esta inundación va a alcanzar su pico en los próximos dos a tres años, y que solo se irá disipando a lo largo de la década, que finalmente dará paso a una oferta y demanda más estrecha y más balanceada.
"Con este panorama, muchos proyectos quedarán en nevera, mientras en Venezuela las empresas que lograron licitaciones deshojarán la margarita pensando si el riesgo vale la pena", señaló una fuente ligada a la industria.
Restricción. Asimismo, el analista del negocio Diego González Cruz señala que Estados Unidos, el mayor consumidor de gas natural del mundo, ha restringido las importaciones de este combustible. Los hallazgos de nuevos yacimientos de "shale gas" o gas de esquisto han arreciado su explotación, y el país ha comenzado a prescindir de las plantas de regasificación a las que arribaban los buques provenientes de diferentes destinos.
"Esas plantas están paralizadas en su mayoría, Estados Unidos se autoabastece de gas, mala noticia para los inversores".
¿Qué pasa en Venezuela? La primera consideración que hacen los especialistas en el tema es que "no nos montamos en el carro de la historia en materia de gas natural, pese a las importantes reservas que tiene el país. Los esfuerzos iniciales hechos por la administración del presidente, Hugo Chávez Frías, se desvanecieron y quedaron en suspenso".
En 1999, tras un destacado esfuerzo, Alí Rodríguez Araque y Álvaro Silva Calderón lograron darle cuerpo a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. Según empresarios locales y transnacionales, "un excelente marco legal para atraer inversiones internacionales", que se ha desaprovechado.
Entre ese año y 2005 se entregaron licencias de gas, entre ellas de Yucal Placer. Se exploró gas natural en Tiznados y Barbacoa, en Guárico. En 2002 se dio inicio a la exploración en la Plataforma Deltana y en 2006 Statoil encontró reservas estimadas en 7 BPC de gas en esa zona.
El año 2010 Eni y Repsol informaron que el bloque Cardón IV en el proyecto Rafael Urdaneta tenía reservas probadas de unos 15 BPC.
"También se hizo el intento, y hay que tenerlo presente, de buscar un socio, a través de una nueva licitación selectiva, para el viejo proyecto Mariscal Sucre, La Blanquilla y Punta Pescador, y en 2009 se invitó a varias empresas internacionales. Pero no presentaron ofertas", recordó un conocedor del tema que prefirió el anonimato.
Y no presentaron ofertas, de acuerdo con fuentes del sector, básicamente por la situación de abundancia.
El "gas glut" (exceso de gas) estaba en su apogeo, y las cotizaciones del combustible estaban muy deprimidas.
En consecuencia, el dinamismo se detuvo, el impulso que se traía se desvaneció, y justamente durante el boom petrolero y gasífero de 2003 a 2008.
"Y llegamos al deterioro del mercado, que vislumbra una luz al final del túnel, más o menos en una década", comentó un empresario del área.
Pero el escenario local tampoco ayudó. El Gobierno insiste en precios "extremadamente" bajos en el mercado interno, considerando que también se exige a las petroleras abastecer con prioridad el consumo local, hasta que sea satisfecho en 100%.
Ahora bien, el punto central del comentario es que los precios están deprimidos también en el mercado internacional, solo que los fijados por el Ejecutivo nacional en el país se mantienen tres veces por debajo, comenta el analista en petróleo y gas, Diego González Cruz, ex gerente de Pdvsa.
Los interesados en el negocio del gas en Venezuela se quejan de que, por otro lado, el Gobierno amenaza con maximizar los impuestos y las regalías, pese a que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseoso contempla ya una carga para la regalía de 20% y para el Impuesto Sobre la Renta de 34%.
Comentan que para el negocio del gas este esquema podría resultar razonable, pero que una tasa mayor sería inviable.
El otro ruido en torno a la ley del sector, que para González Cruz no es nuevo, es la posibilidad de que el Gobierno modifique el esquema que permite a los privados mantener hasta 100% de participación.
El Ejecutivo nacional ha dejado ver, en diversas ocasiones, que su intención es calcar en los negocios gasíferos el esquema de Empresas Mixtas utilizado en las asociaciones petroleras, donde el Estado tiene la mayoría accionaria. "Eso sería mortal para los planes de gas en Venezuela", comenta González.
Empresarios ligados a los negocios de gas sostienen que introducir un elemento de incertidumbre jurídica en este momento terminaría por alejar más todavía a los capitales.
¿Por qué es importante no modificar la ley?, según los entendidos, básicamente, porque da la sensación de estabilidad a los inversionistas, además de que no es necesario.
"La ley dice que los privados pueden tener hasta 100% de la torta accionaria, pero el Estado puede negociar en cada caso la participación, como lo ha hecho con algunas compañías. Incluso Pdvsa había limitado su acceso a 35%. Esto da mucha más flexibilidad tanto a los privados como al Estado", aseguró un involucrado.
El futuro del gas en Venezuela, según entendidos y afectados, es de pronóstico reservado. No está clara su cristalización, toda vez que el Ejecutivo nacional luce inconforme con su esquema legal, y el entorno internacional no da mejores perspectivas.
Fuente: AMÉRICA ECONOMÍA
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