Los Comuneros No tienen Derecho a la Propiedad

Por: Jaime De Althaus Guarderas
EL COMERCIO
11-02-11


En el Perú hay temas que son invisibles porque desafían los mitos a través de los cuales entendemos la realidad. Y, si son invisibles, no aparecen, naturalmente, en los planes de gobierno presentados en la campaña electoral, ni en los programas del Gobierno Peruano siquiera. Uno de esos temas es la titulación individual de la propiedad al interior de las comunidades campesinas, un derecho que, hasta ahora, les está negado a los comuneros, lo que los convierte en ciudadanos de segunda o tercera clase, víctimas de un verdadero ‘apartheid’ legal por parte del Estado Peruano.

En esto funciona todavía el mito colectivista de la comunidad campesina, que, por razones distintas, satisface la conciencia moral de muchos. Pero la verdad es que la comunidad, si bien suele ser todavía, en alguna medida, una unidad social endogámica que planifica algunas cosas en común, la producción es familiar –no comunal– y las tierras de cultivo son privadas y se heredan de padres a hijos. Por eso, hay en las comunidades una demanda clara por la titulación individual de las tierras de cultivo, sobre todo las que están bajo riego. En efecto, una encuesta a 450 comuneros en 18 comunidades campesinas de Cusco y Puno realizada en 1998 reveló que el 60% de los comuneros respondió favorablemente a la opción por la titulación individual de sus tierras, resultado consistente con encuestas similares aplicadas en Ayacucho. Se constató también la costumbre de acudir a notarios, Registros Públicos y hasta el pago de autoavalúos para formalizar sus posesiones, asegurar los procesos de herencia y garantizar la inversión en las parcelas (Carlos Monge y Jaime Urrutia, “El debate sobre la titulación en comunidades del sur andino”, en SEPIA VII 1999: 399-400).

Víctor Agreda y Claudia Mendieta, en un informe no publicado, verificaron lo mismo en las comunidades campesinas de Ayarmaca y Juan Velasco Alvarado en el Cusco. Allí las familias comuneras ostentan documentos de propiedad de diferente naturaleza (escrituras ante notario o juez de paz, documentos de compraventa, herencias, etc.), pero se trata de documentos “imperfectos”. Lo que desean es el título inscrito en los Registros Públicos para respaldar legalmente ese derecho y tener la seguridad de que podrán legar estas tierras a sus descendientes con ese mismo respaldo legal.

El problema es que el Estado Peruano sencillamente no atiende esta demanda pese a que la Ley de Tierras de 1995 abre el camino para hacerlo, por la sencilla razón de que no ha querido reglamentar esa ley y porque los funcionarios de Cofopri y de la Sunarp, por su parte, se han mostrado reacios a aceptar iniciativas de este tipo y mucho menos a promoverlas. Hay, en buena cuenta, una conspiración contra las comunidades que es necesario develar para reconocer a los comuneros los mismos derechos a la propiedad que tienen todos los peruanos.

Demagogia Agraria

Por: Jaime de Althaus Guarderas
EL COMERCIO
09-07-10


No cabe duda de que hay en el Perú una propensión malsana a arruinar los mejores logros. Uno de los grandes milagros de los últimos 15 años ha sido la revolución agroexportadora de la costa, luego de la abismal involución producida por la reforma agraria. En 15 años ha surgido una agricultura de exportación no tradicional altamente tecnificada e intensiva en trabajo a la vez —el mejor de los mundos. Pero ya se lanzó un movimiento para poner límites a la extensión de la propiedad agraria. Si se concreta, los inversionistas lo pensarán dos veces antes de invertir, porque quedaría abierta la competencia demagógica por bajar una y otra vez esos límites. Habremos frenado un fenómeno que, en realidad, está recién empezando.

Porque, para comenzar, el área que ocupa esa agricultura no pasa de 100 mil hectáreas de cerca de 900 mil que hay en la costa. Si a ella sumamos otras 100 mil de caña de azúcar, llegamos a las 200 mil. El espacio para la pequeña y mediana agricultura es muy grande, bastante mayor que el que había antes de la reforma agraria. Precisamente, eso es lo interesante de este proceso. Ha supuesto, como es lógico, un cierto proceso de reconcentración de tierras, pero no ha traído consigo la expulsión de personas del medio rural ni la eliminación de la pequeña agricultura. Por el contrario, los jóvenes se quedan en el campo, pues esa agricultura es trabajo-intensiva, y ha emergido una nueva clase trabajadora muy numerosa (más de 250 mil trabajadores) con derechos laborales en un país que casi solo ha producido informalidad. Y con la particularidad histórica de que esos trabajadores no son proletarios. Es decir, conservan, ellos o sus familiares, sus chacras, y en ellas empiezan a introducir mejoras tecnológicas aprendidas en los fundos agroexportadores o nuevas variedades de algodón o maíz. De modo que esa pequeña agricultura está ya en el umbral de la acumulación capitalista. Sin contar la cantidad de parceleros articulados directamente a cadenas agroexportadoras (páprika, marigold, mango, banano orgánico, etc.). Lo que hay es simbiosis, no exclusión.

Y en el caso de las azucareras, sí hay una empresa que ha comprado varios fundos, sumando una extensión mayor a la que tuviera el mayor propietario antes de la reforma agraria, pero no le ha comprado a pequeños o medianos, concentrando tierra, sino haciendas que ya existían. Y así ha podido recuperar ex cooperativas arruinadas y envilecidas por la corrupción, reparando la destrucción ocasionada por la demagogia. Ahora se han recapitalizado y los trabajadores y pensionistas reciben sus pagos puntualmente. Una bendición social.

Por último, todo lo anterior lo que ha hecho es subir astronómicamente el valor de las tierras, de modo que cuando los pequeños venden, sencillamente salen de la pobreza. No dejemos que el populismo vuelva a agredir al pueblo.