domingo, 28 de octubre de 2012
jueves, 5 de julio de 2012
martes, 5 de junio de 2012
Revolución silenciosa: Boom económico en zonas rurales
Por: Miguel Santillana (Economista)
SEMANA ECONÓMICA
21-05-12
La visión del Perú republicano está influenciada por las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Pero el “espacio-tiempo histórico” en que fueron desarrolladas corresponde al fin de la “República Aristocrática” y la crisis económica de la década de 1930. El Perú que habitaban era una sociedad estamental, con instituciones coloniales precapitalistas que no permitían que fluyera un verdadero proceso democrático, donde la mayor parte de la población habitaba en zonas rurales de la sierra. La explicación de nuestra situación sociopolítica se basada en los mecanismos de poder que permitieron la dominación y explotación del campesino. Y los economistas no nos escapamos de esto, pues centramos nuestro análisis en términos de intercambio rural-urbano, subsidios a las importaciones de alimentos, etc.
Sin embargo, pocos han hablado de lo evidente: cómo nuestros accidentes geográficos determinan la forma como nos organizamos como país, cómo la geografía influye en los costos de comercialización, la provisión de servicios públicos (educación, salud, seguridad pública, tecnología, agua y desagüe, electricidad, asistencia técnica) y políticas públicas para luchar contra la pobreza, cómo la geografía nos impone límites a nuestra integración como mercado ampliado y como país.
Si bien hemos tenido un reordenamiento de la ocupación del espacio territorial en los últimos setenta años (dato más saltante del último censo es que la mayoría de habitantes de la sierra habita en ciudades), recién podemos hacer frente a nuestra limitante geográfica, pues el Estado tiene excedentes fiscales que puede invertir en infraestructura y se han dado desarrollos tecnológicos en las telecomunicaciones que están a nuestro alcance. Son estos cambios los que permiten que los ingresos de los sectores rurales mejoren a niveles nunca antes vistos, y como correlato se esté dando una silenciosa revolución en los sectores rurales; se está integrando el mercado peruano y se está dando una nueva dinámica política. Ésa es la conclusión de la investigación “Pobreza y dispersión rural”, de Richard Webb, del Instituto del Perú-USMP.
La imagen estándar de un estancamiento lo podemos leer en la introducción al libro La lenta modernización de la economía campesina, (1987) Gonzales de Olarte, Raúl Hopkins, Bruno Kervyn, Javier Alvarado, Roxanna Barrantes, que afirma:
A primera vista los campesinos y sus comunidades, así como la actividad agrícola que los sustenta, aparecen como un sector bloqueado y sin futuro, sin grandes cambios en las últimas décadas.
Si bien los autores niegan ese estancamiento absoluto, consideran que la modernización se produce lentamente, y que aún no se ha creado la masa crítica requerida para un despegue.
Adolfo Figueroa en su libro Reformas en sociedades desiguales (2001) opina en el mismo sentido, aunque resaltando el impedimento de la falta de financiamiento.
Existe la potencialidad para el desarrollo de la economía campesina pero el aumento de todas esas formas de capital requiere financiamiento. La economía campesina no tiene capacidad de financiamiento. Son muy pobres para generar ahorros y autofinanciarse. La economía campesina no está restringida en su desarrollo por un solo factor limitante. Sus factores limitantes son varios. Pero todos ellos pueden ser reducidos a uno solo: la falta de financiamiento. La falta de desarrollo rural se debería a la falta de financiamiento.
Esta visión pesimista se sustenta en que, si bien la producción por habitante rural durante la primera mitad del siglo XX no se encuentra adecuadamente documentada, las diversas opiniones y aproximaciones citadas apoyan la interpretación comúnmente aceptada de una expansión muy lenta en la productividad, y concuerdan con el orden de magnitud del estimado de Seminario y Beltrán, de 1.3% anual durante la primera mitad del siglo. Para el periodo largo, de 1900 a 1995, se estima un aumento anual en la productividad de 1.7%.
Por contraste, la productividad en el campo ha crecido a una tasa promedio de 5.1% anual desde 1995. Esa tasa se deriva de un crecimiento de 4.4% en la producción, y de una reducción en la población rural de 0.7% (INEI 2009). Además, según las Enaho, la contribución de las actividades no agropecuarias al ingreso familiar rural ha aumentado durante la década, de 39.4% en el 2001 al 44% en el 2010. Las transferencias y donaciones recibidas por la población rural en el 2010 representaron 18.1% del ingreso de esas familias.
El pesimismo también se sustenta en los términos de intercambio rural-urbano a lo largo del siglo XX. La tendencia negativa de los precios relativos cancela la magra ganancia lograda en la productividad física durante el siglo. La medición más representativa de los términos de intercambio entre el agro y el resto de la economía es la que relaciona los deflatores implícitos respectivos, y según ese indicador la caída en los precios excede el aumento en la producción, por lo que el poder de compra del agricultor se reduce en 13% entre 1950 y 1995 a pesar de haber logrado una esforzada ganancia en su productividad, su poder de compra de productos no agrícolas fue menor en 1995 que en 1950. Sin embargo, la relación entre el deflator del PBI agropecuario para nueve departamentos de la sierra y el IPC ha mejorado desde el 2000, mientras que la relación entre los precios agropecuarios al por mayor y el IPC se mantiene estable desde 1995. De esa forma, el cambio favorable en la tendencia de los precios relativos se ha sumado al mayor dinamismo de la productividad desde fines del siglo pasado.
El deterioro en los términos de intercambio ha recortado una gran parte de la ganancia lograda mediante el lento pero continuado aumento en la productividad agrícola, aunque la estimación es poca precisa, debido a (i) la dudosa calidad y representatividad de los índices de precios, y (ii) a que una proporción de la producción, difícil de estimar y además cambiante en el tiempo, es autoconsumida. El efecto de ese deterioro se ve fuertemente reflejado en la reducción de la participación del sector agropecuario en el PBI nacional medido a precios corrientes, cayendo desde 28.5% en 1950 a 5.6% en el 2010. La mayor parte de esa caída se produjo entre 1950 y 1980.
A lo largo del siglo XX el balance de transferencias de ingreso entre el campo y la ciudad pasó de ser negativo a ser positivo para el campo. Tres cambios sociales fueron las causas de esa reversión: (i) la eliminación de las rentas y del trabajo forzado que constituían una exacción sobre el ingreso generado por la población rural, (ii) la creación de un flujo de transferencias privadas desde la ciudad al campo, como efecto de la migración rural-urbana y al extranjero, y (iii) la reversión en el flujo fiscal, que pasó de ser una imposición neta a una transferencia neta hacia el campo. El impacto cuantitativo de esos cambios no ha sido medido, pero es plausible que ha sido significativo.
En el mundo rural, aquel que tiene sólo su fuerza de trabajo como activo es el más pobre entre los pobres. Un estudio de Shane Hunt (1980) sobre la evolución de los salarios en la costa entre 1914 y 1940 fue negativo en términos reales sugiriendo que en las zonas de donde provenía la mano de obra la situación fue peor. Webb (1977) estima un crecimiento promedio anual de 0.8% entre 1950-1966 para agricultores en costa y selva y cero para minifundistas de la sierra.
Para la década 2001-2011 se observa un crecimiento del ingreso real promedio por trabajo rural del 8.4%, muy por encima del resultado para Lima Metropolitana (4%) y el resto urbano (6.4%). En las zonas rurales, el ahorro ha pasado del 5% del ingreso en 2004 al 15.7% en el 2010.
Si bien la magnitud de la elevación de ingresos merece ser destacada, el aspecto más positivo y novedoso de ese aumento es su alcance horizontal entre la población rural. En el análisis del desarrollo económico, es normal que el reconocimiento de algún caso de éxito productivo esté acompañado por una preocupación por su efecto sobre la igualdad distributiva. La desigualdad es vista como un efecto inevitable del crecimiento (Kuznets). Sin embargo, la actual dinámica rural peruana no obedece ese patrón general, y el proceso se caracteriza más bien por una extraordinaria equidad distributiva en cuanto a sus beneficios.
Como evidencia tenemos:
Toda esta evidencia tiene su correlato en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en zonas rurales (han pasado del 83.4% al 61% y del 41.6% al 23.8%, respectivamente), y la mejora de indicadores socioeconómicos. Aunque la sierra rural es la que está rezagada respecto al resto y donde se debe enfocar la política social.
Una explicación de la pobreza rural es el poder monopsónico de los intermediarios (comerciantes y transportistas), poder que se refuerza por la dispersión e incomunicación de los campesinos productores. Hoy este poder ha sido derrotado por las telecomunicaciones a bajo costo (45% de los hogares rurales tiene un celular y 44% tiene televisor, hay cabinas públicas hasta en los parajes más perdidos del territorio nacional, 59.7% de los hogares rurales tiene electricidad). Los campesinos saben en tiempo real cuánto está el precio de su producto en los principales mercados del país.
Pero, por otro lado, la construcción y el mantenimiento de caminos rurales ha permitido una “capilaridad” que posibilita reducción en costos de comercialización; los pequeños agricultores pagaban 67% en costo de comercialización, mientras que los productores grandes pagaban alrededor del 32% (Grade 2000); hay una reducción de 30% en el tiempo de viaje, un aumento del tráfico de 132% (vehículos importados de segunda mano y timón cambiado), una reducción de 77% en los pasajes y de 44% en el gasto de mantenimiento de los vehículos y mejoras significativas sobre acceso a la educación y salud (Grade 2007).
Lo que observamos hoy en las zonas rurales rompe con todo el pesimismo ilustrado. Los indicadores de mejora a nivel de las familias rurales son consistentes, lo que evidencia una transformación de la economía rural. En el centro de esa transformación está la integración de la economía tradicional peruana a los mercados urbanos e internacionales. También se viene produciendo un sorpresivo cambio demográfico en la forma del creciente dinamismo de los centros poblados menores, cuya tasa de crecimiento ahora supera la de las ciudades intermedias y metrópolis. Finalmente se vienen produciendo cambios organizativos, políticos y de cultura que, a la vez, son efectos y parte integral de la transformación de la sociedad rural. La revolución comunicativa en el campo y su integración a un mercado ampliado están logrando lo que los revolucionarios y reformistas de escritorio nunca pudieron.
SEMANA ECONÓMICA
21-05-12
La visión del Perú republicano está influenciada por las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Pero el “espacio-tiempo histórico” en que fueron desarrolladas corresponde al fin de la “República Aristocrática” y la crisis económica de la década de 1930. El Perú que habitaban era una sociedad estamental, con instituciones coloniales precapitalistas que no permitían que fluyera un verdadero proceso democrático, donde la mayor parte de la población habitaba en zonas rurales de la sierra. La explicación de nuestra situación sociopolítica se basada en los mecanismos de poder que permitieron la dominación y explotación del campesino. Y los economistas no nos escapamos de esto, pues centramos nuestro análisis en términos de intercambio rural-urbano, subsidios a las importaciones de alimentos, etc.
Sin embargo, pocos han hablado de lo evidente: cómo nuestros accidentes geográficos determinan la forma como nos organizamos como país, cómo la geografía influye en los costos de comercialización, la provisión de servicios públicos (educación, salud, seguridad pública, tecnología, agua y desagüe, electricidad, asistencia técnica) y políticas públicas para luchar contra la pobreza, cómo la geografía nos impone límites a nuestra integración como mercado ampliado y como país.
Si bien hemos tenido un reordenamiento de la ocupación del espacio territorial en los últimos setenta años (dato más saltante del último censo es que la mayoría de habitantes de la sierra habita en ciudades), recién podemos hacer frente a nuestra limitante geográfica, pues el Estado tiene excedentes fiscales que puede invertir en infraestructura y se han dado desarrollos tecnológicos en las telecomunicaciones que están a nuestro alcance. Son estos cambios los que permiten que los ingresos de los sectores rurales mejoren a niveles nunca antes vistos, y como correlato se esté dando una silenciosa revolución en los sectores rurales; se está integrando el mercado peruano y se está dando una nueva dinámica política. Ésa es la conclusión de la investigación “Pobreza y dispersión rural”, de Richard Webb, del Instituto del Perú-USMP.
La imagen estándar de un estancamiento lo podemos leer en la introducción al libro La lenta modernización de la economía campesina, (1987) Gonzales de Olarte, Raúl Hopkins, Bruno Kervyn, Javier Alvarado, Roxanna Barrantes, que afirma:
A primera vista los campesinos y sus comunidades, así como la actividad agrícola que los sustenta, aparecen como un sector bloqueado y sin futuro, sin grandes cambios en las últimas décadas.
Si bien los autores niegan ese estancamiento absoluto, consideran que la modernización se produce lentamente, y que aún no se ha creado la masa crítica requerida para un despegue.
Adolfo Figueroa en su libro Reformas en sociedades desiguales (2001) opina en el mismo sentido, aunque resaltando el impedimento de la falta de financiamiento.
Existe la potencialidad para el desarrollo de la economía campesina pero el aumento de todas esas formas de capital requiere financiamiento. La economía campesina no tiene capacidad de financiamiento. Son muy pobres para generar ahorros y autofinanciarse. La economía campesina no está restringida en su desarrollo por un solo factor limitante. Sus factores limitantes son varios. Pero todos ellos pueden ser reducidos a uno solo: la falta de financiamiento. La falta de desarrollo rural se debería a la falta de financiamiento.
Esta visión pesimista se sustenta en que, si bien la producción por habitante rural durante la primera mitad del siglo XX no se encuentra adecuadamente documentada, las diversas opiniones y aproximaciones citadas apoyan la interpretación comúnmente aceptada de una expansión muy lenta en la productividad, y concuerdan con el orden de magnitud del estimado de Seminario y Beltrán, de 1.3% anual durante la primera mitad del siglo. Para el periodo largo, de 1900 a 1995, se estima un aumento anual en la productividad de 1.7%.
Por contraste, la productividad en el campo ha crecido a una tasa promedio de 5.1% anual desde 1995. Esa tasa se deriva de un crecimiento de 4.4% en la producción, y de una reducción en la población rural de 0.7% (INEI 2009). Además, según las Enaho, la contribución de las actividades no agropecuarias al ingreso familiar rural ha aumentado durante la década, de 39.4% en el 2001 al 44% en el 2010. Las transferencias y donaciones recibidas por la población rural en el 2010 representaron 18.1% del ingreso de esas familias.
El pesimismo también se sustenta en los términos de intercambio rural-urbano a lo largo del siglo XX. La tendencia negativa de los precios relativos cancela la magra ganancia lograda en la productividad física durante el siglo. La medición más representativa de los términos de intercambio entre el agro y el resto de la economía es la que relaciona los deflatores implícitos respectivos, y según ese indicador la caída en los precios excede el aumento en la producción, por lo que el poder de compra del agricultor se reduce en 13% entre 1950 y 1995 a pesar de haber logrado una esforzada ganancia en su productividad, su poder de compra de productos no agrícolas fue menor en 1995 que en 1950. Sin embargo, la relación entre el deflator del PBI agropecuario para nueve departamentos de la sierra y el IPC ha mejorado desde el 2000, mientras que la relación entre los precios agropecuarios al por mayor y el IPC se mantiene estable desde 1995. De esa forma, el cambio favorable en la tendencia de los precios relativos se ha sumado al mayor dinamismo de la productividad desde fines del siglo pasado.
El deterioro en los términos de intercambio ha recortado una gran parte de la ganancia lograda mediante el lento pero continuado aumento en la productividad agrícola, aunque la estimación es poca precisa, debido a (i) la dudosa calidad y representatividad de los índices de precios, y (ii) a que una proporción de la producción, difícil de estimar y además cambiante en el tiempo, es autoconsumida. El efecto de ese deterioro se ve fuertemente reflejado en la reducción de la participación del sector agropecuario en el PBI nacional medido a precios corrientes, cayendo desde 28.5% en 1950 a 5.6% en el 2010. La mayor parte de esa caída se produjo entre 1950 y 1980.
A lo largo del siglo XX el balance de transferencias de ingreso entre el campo y la ciudad pasó de ser negativo a ser positivo para el campo. Tres cambios sociales fueron las causas de esa reversión: (i) la eliminación de las rentas y del trabajo forzado que constituían una exacción sobre el ingreso generado por la población rural, (ii) la creación de un flujo de transferencias privadas desde la ciudad al campo, como efecto de la migración rural-urbana y al extranjero, y (iii) la reversión en el flujo fiscal, que pasó de ser una imposición neta a una transferencia neta hacia el campo. El impacto cuantitativo de esos cambios no ha sido medido, pero es plausible que ha sido significativo.
En el mundo rural, aquel que tiene sólo su fuerza de trabajo como activo es el más pobre entre los pobres. Un estudio de Shane Hunt (1980) sobre la evolución de los salarios en la costa entre 1914 y 1940 fue negativo en términos reales sugiriendo que en las zonas de donde provenía la mano de obra la situación fue peor. Webb (1977) estima un crecimiento promedio anual de 0.8% entre 1950-1966 para agricultores en costa y selva y cero para minifundistas de la sierra.
Para la década 2001-2011 se observa un crecimiento del ingreso real promedio por trabajo rural del 8.4%, muy por encima del resultado para Lima Metropolitana (4%) y el resto urbano (6.4%). En las zonas rurales, el ahorro ha pasado del 5% del ingreso en 2004 al 15.7% en el 2010.
Si bien la magnitud de la elevación de ingresos merece ser destacada, el aspecto más positivo y novedoso de ese aumento es su alcance horizontal entre la población rural. En el análisis del desarrollo económico, es normal que el reconocimiento de algún caso de éxito productivo esté acompañado por una preocupación por su efecto sobre la igualdad distributiva. La desigualdad es vista como un efecto inevitable del crecimiento (Kuznets). Sin embargo, la actual dinámica rural peruana no obedece ese patrón general, y el proceso se caracteriza más bien por una extraordinaria equidad distributiva en cuanto a sus beneficios.
Como evidencia tenemos:
- El ingreso del quintil más pobre de la población rural aumentó en 6.1% anual entre el 2004 y el 2010, casi la misma velocidad que el promedio de 6.7% para toda la población rural.
- La región sierra registró un aumento de 5.9% anual para ese período, tasa también similar al promedio general.
- El jornal promedio en 151 distritos de alta pobreza se elevó de S/.8.40 a S/.21.20 entre el 2001 y el 2011, es decir, a una tasa promedio de 9.8%.
- El valor de los terrenos agrícolas ha aumentado en más del doble: de S/.6,847 en el 2001 a S/.15,578 en el 2011.
- El precio de una vivienda cercana al centro del pueblo se elevó de S/.7,704 en el 2001 a S/.31,223 en el 2011
Toda esta evidencia tiene su correlato en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en zonas rurales (han pasado del 83.4% al 61% y del 41.6% al 23.8%, respectivamente), y la mejora de indicadores socioeconómicos. Aunque la sierra rural es la que está rezagada respecto al resto y donde se debe enfocar la política social.
Una explicación de la pobreza rural es el poder monopsónico de los intermediarios (comerciantes y transportistas), poder que se refuerza por la dispersión e incomunicación de los campesinos productores. Hoy este poder ha sido derrotado por las telecomunicaciones a bajo costo (45% de los hogares rurales tiene un celular y 44% tiene televisor, hay cabinas públicas hasta en los parajes más perdidos del territorio nacional, 59.7% de los hogares rurales tiene electricidad). Los campesinos saben en tiempo real cuánto está el precio de su producto en los principales mercados del país.
Pero, por otro lado, la construcción y el mantenimiento de caminos rurales ha permitido una “capilaridad” que posibilita reducción en costos de comercialización; los pequeños agricultores pagaban 67% en costo de comercialización, mientras que los productores grandes pagaban alrededor del 32% (Grade 2000); hay una reducción de 30% en el tiempo de viaje, un aumento del tráfico de 132% (vehículos importados de segunda mano y timón cambiado), una reducción de 77% en los pasajes y de 44% en el gasto de mantenimiento de los vehículos y mejoras significativas sobre acceso a la educación y salud (Grade 2007).
Lo que observamos hoy en las zonas rurales rompe con todo el pesimismo ilustrado. Los indicadores de mejora a nivel de las familias rurales son consistentes, lo que evidencia una transformación de la economía rural. En el centro de esa transformación está la integración de la economía tradicional peruana a los mercados urbanos e internacionales. También se viene produciendo un sorpresivo cambio demográfico en la forma del creciente dinamismo de los centros poblados menores, cuya tasa de crecimiento ahora supera la de las ciudades intermedias y metrópolis. Finalmente se vienen produciendo cambios organizativos, políticos y de cultura que, a la vez, son efectos y parte integral de la transformación de la sociedad rural. La revolución comunicativa en el campo y su integración a un mercado ampliado están logrando lo que los revolucionarios y reformistas de escritorio nunca pudieron.
miércoles, 22 de febrero de 2012
¿Es el Perú una Pirámide o un Rombo?
Por: Alfredo Torres
SEMANA ECONÓMICA
20-02-12
Con el crecimiento que ha tenido el Perú en las últimas dos décadas, algunos analistas sostienen que el país ha dejado de tener una estructura socioeconómica piramidal para desarrollar la forma de un rombo, con una creciente clase media emergente, el nivel socioeconómico (NSE) C, ubicado en el espacio central entre los más pudientes NSE A y B arriba y los sectores populares o NSE D y E abajo.
Los cálculos de la Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM) para Lima parecen confirmar esta hipótesis ya que los NSE AB suman 21%, el C 35%, el D 31% y el E 13%. Un estudio reciente de Ipsos APOYO, sin embargo, revela que si bien la estructura social en algunas ciudades del interior es similar a la capital, especialmente Arequipa, Ica y Trujillo, cuando las ciudades son más pequeñas, los NSE AB se reducen considerablemente, el C se contrae y crecen los NSE D y E. La situación se vuelve extrema en el ámbito rural donde el NSE C es el que tiende a desaparecer, el D se encoge y el E se vuelve hegemónico. El resultado agregado es que el Perú sigue siendo una pirámide, donde el NSE A es apenas 2%, el B 7%, el C 20%, el D 30% y el E 41%.
¿El Perú avanza? Si, pero más lento de lo que se cree. La aplicación de la misma fórmula APEIM de NSE a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI del 2003 muestra que en ocho años los NSE ABC han crecido de 20 a 29% mientras el tamaño del NSE D ha permanecido constante en 29-30% y el NSE E ha disminuido de 51 a 41%. Hay progreso pero no tanto como el que se ve o se quiere ver desde la parte de arriba de la pirámide.
Los avances más significativos de los últimos cuatro años se han dado en el uso de electrodomésticos y tecnología en las grandes ciudades. Por ejemplo, los hogares de NSE C que cuentan con una computadora pasaron de 26 a 46%, los hogares de NSE D que tienen una refrigeradora crecieron de 49 a 59% y los hogares de NSE E que poseen un teléfono celular saltaron de 31 a 77%.
Los contrastes en el progreso son notables. Por ejemplo, la mayor parte de la población rural continúa residiendo en viviendas con piso de tierra, sin servicios higiénicos y cocina de leña, pero la mitad de ellos tienen ya televisores y teléfonos celulares.
Es difícil saber con precisión cuales son los ingresos familiares de los peruanos. La encuesta de Ipsos APOYO al jefe del hogar llega a un cifra promedio de ingreso monetario ordinario de alrededor de 9000 soles al mes en el NSE A, 2700 en el B, 1400 en el C, 900 en el D y 600 en el E. Si consideramos los ingresos de los demás miembros del hogar y los ingresos extraordinarios probablemente las cifras totales sean 30-40% mayores, que es lo que recoge la ENAHO. Ambas mediciones encuentran que los ingresos vienen creciendo año a año, especialmente entre los más pobres. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que se conoce como el ingreso subjetivo, solo el 4% de los peruanos declara que su ingreso le alcanza holgadamente y el 28% ajustadamente, mientras que el 51% sostiene que no le alcanza, que enfrenta algunas dificultades, y el 17% que sufre grandes dificultades.
Paradójicamente, la percepción de que el dinero "no alcanza" se ha incrementado en los últimos años, lo cual podría atribuirse a un desborde de expectativas pero también al incremento en los precios de los alimentos. Según APOYO Consultoría, en los últimos cuatro años la inflación de alimentos ha sido de 22%, debido a la mayor demanda de China, mientras otros bienes y servicios han subido 9%. Esto es especialmente crítico en los NSE D y E donde la compra de alimentos representa más del 60% del presupuesto familiar.
Dicen que la diferencia entre un optimista y un pesimista es que el primero ve un vaso de agua medio lleno y el segundo medio vacío. La realidad es que “el vaso” del desarrollo se está llenando, lo que es positivo, pero todavía falta mucho para saciar la sed de todos los peruanos.
SEMANA ECONÓMICA
20-02-12
Con el crecimiento que ha tenido el Perú en las últimas dos décadas, algunos analistas sostienen que el país ha dejado de tener una estructura socioeconómica piramidal para desarrollar la forma de un rombo, con una creciente clase media emergente, el nivel socioeconómico (NSE) C, ubicado en el espacio central entre los más pudientes NSE A y B arriba y los sectores populares o NSE D y E abajo.
Los cálculos de la Asociación Peruana de Investigación de Mercados (APEIM) para Lima parecen confirmar esta hipótesis ya que los NSE AB suman 21%, el C 35%, el D 31% y el E 13%. Un estudio reciente de Ipsos APOYO, sin embargo, revela que si bien la estructura social en algunas ciudades del interior es similar a la capital, especialmente Arequipa, Ica y Trujillo, cuando las ciudades son más pequeñas, los NSE AB se reducen considerablemente, el C se contrae y crecen los NSE D y E. La situación se vuelve extrema en el ámbito rural donde el NSE C es el que tiende a desaparecer, el D se encoge y el E se vuelve hegemónico. El resultado agregado es que el Perú sigue siendo una pirámide, donde el NSE A es apenas 2%, el B 7%, el C 20%, el D 30% y el E 41%.
¿El Perú avanza? Si, pero más lento de lo que se cree. La aplicación de la misma fórmula APEIM de NSE a los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI del 2003 muestra que en ocho años los NSE ABC han crecido de 20 a 29% mientras el tamaño del NSE D ha permanecido constante en 29-30% y el NSE E ha disminuido de 51 a 41%. Hay progreso pero no tanto como el que se ve o se quiere ver desde la parte de arriba de la pirámide.
Los contrastes en el progreso son notables. Por ejemplo, la mayor parte de la población rural continúa residiendo en viviendas con piso de tierra, sin servicios higiénicos y cocina de leña, pero la mitad de ellos tienen ya televisores y teléfonos celulares.
Es difícil saber con precisión cuales son los ingresos familiares de los peruanos. La encuesta de Ipsos APOYO al jefe del hogar llega a un cifra promedio de ingreso monetario ordinario de alrededor de 9000 soles al mes en el NSE A, 2700 en el B, 1400 en el C, 900 en el D y 600 en el E. Si consideramos los ingresos de los demás miembros del hogar y los ingresos extraordinarios probablemente las cifras totales sean 30-40% mayores, que es lo que recoge la ENAHO. Ambas mediciones encuentran que los ingresos vienen creciendo año a año, especialmente entre los más pobres. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que se conoce como el ingreso subjetivo, solo el 4% de los peruanos declara que su ingreso le alcanza holgadamente y el 28% ajustadamente, mientras que el 51% sostiene que no le alcanza, que enfrenta algunas dificultades, y el 17% que sufre grandes dificultades.
Paradójicamente, la percepción de que el dinero "no alcanza" se ha incrementado en los últimos años, lo cual podría atribuirse a un desborde de expectativas pero también al incremento en los precios de los alimentos. Según APOYO Consultoría, en los últimos cuatro años la inflación de alimentos ha sido de 22%, debido a la mayor demanda de China, mientras otros bienes y servicios han subido 9%. Esto es especialmente crítico en los NSE D y E donde la compra de alimentos representa más del 60% del presupuesto familiar.
Dicen que la diferencia entre un optimista y un pesimista es que el primero ve un vaso de agua medio lleno y el segundo medio vacío. La realidad es que “el vaso” del desarrollo se está llenando, lo que es positivo, pero todavía falta mucho para saciar la sed de todos los peruanos.
martes, 17 de enero de 2012
Impuestos Chatarra
Por: Eduardo Morón
SEMANA ECONOMICA
10-01-12
Empecemos por el descargo correspondiente. Tengo 8 kilos de sobrepeso. Tengo 4 hijos que les encanta comer en restaurants de comida chatarra. Ninguno de ellos tiene un problema de sobrepeso.
Al Ministro Tejada le salió lo de árbitro y quiere ponerle tarjeta amarilla a la comida chatarra en vez de seguir con la promoción de los trotes alrededor del Pentagonito de su época de alcalde sanborjino.
Aquí hay varias preguntas. La primera es si el Estado debe desincentivar el consumo de comida que puede ser nociva para la salud y bienestar futuro de las personas. La gran mayoría diría que sí y pondría los ejemplos de lo que ya se hace con el alcohol y el tabaco. Pero (y no es menor), la gran complicación viene por la forma de cobro. En el caso del alcohol y el tabaco se cobra dicho impuesto a la venta de productos debidamente manufacturados. Si pudiera comprar puros rolados a mano que se vendiera al pie de los semáforos ese producto estaría exento de impuestos, lo mismo con algún aguardiente producido de manera artesanal.
Lo esencial en el diseño de un impuesto es que la base imponible sea visible y verificable. Eso aumenta enormemente la recaudación. Piensen en el ITF o en el impuesto a los combustibles. En el caso de la comida chatarra uno podría preguntarse para empezar a qué le llamamos comida chatarra. Una respuesta simple es identificar a quien vende. Pero una hamburguesa con papas me la puedo comer en un fast food como en el restaurant más refinado. Una segunda opción es ir por el contenido de la comida en sí y hacer como hacen los daneses que le cobran un impuesto a cualquier comida que tenga un contenido de grasas saturadas mayor a un cierto nivel. El problema es que hay comidas como el chocolate oscuro que tiene otras buenas propiedades que están por encima de muchas comidas rápidas.
Pero un problema aún mayor es la efectividad de la política. Estamos muy acostumbrados a no evaluar lo que hacemos pero es algo fundamental. Lo que muestra el caso danés es que el impuesto a las comidas con grasa saturada no ha reducido significativamente el nivel de obesidad de las personas. ¿Entonces? Lo que corresponde es probar diferentes instrumentos siguiendo un diseño experimental que permita aislar posibles explicaciones erróneas para evaluar cual es la mejor manera de modificar los hábitos alimenticios de las personas. De repente terminamos concluyendo que lo más efectivo para reducir la obesidad en las personas es motivándolos a correr o caminar creando estos espacios públicos en las ciudades. Es decir, lo mejor es enfocarse en lo que ya hace tiempo puso en marcha el actual Ministro Tejada, y no en un impuesto chatarra, mal diseñado y peor implementado.
SEMANA ECONOMICA
10-01-12
Empecemos por el descargo correspondiente. Tengo 8 kilos de sobrepeso. Tengo 4 hijos que les encanta comer en restaurants de comida chatarra. Ninguno de ellos tiene un problema de sobrepeso.
Al Ministro Tejada le salió lo de árbitro y quiere ponerle tarjeta amarilla a la comida chatarra en vez de seguir con la promoción de los trotes alrededor del Pentagonito de su época de alcalde sanborjino.
Aquí hay varias preguntas. La primera es si el Estado debe desincentivar el consumo de comida que puede ser nociva para la salud y bienestar futuro de las personas. La gran mayoría diría que sí y pondría los ejemplos de lo que ya se hace con el alcohol y el tabaco. Pero (y no es menor), la gran complicación viene por la forma de cobro. En el caso del alcohol y el tabaco se cobra dicho impuesto a la venta de productos debidamente manufacturados. Si pudiera comprar puros rolados a mano que se vendiera al pie de los semáforos ese producto estaría exento de impuestos, lo mismo con algún aguardiente producido de manera artesanal.
Lo esencial en el diseño de un impuesto es que la base imponible sea visible y verificable. Eso aumenta enormemente la recaudación. Piensen en el ITF o en el impuesto a los combustibles. En el caso de la comida chatarra uno podría preguntarse para empezar a qué le llamamos comida chatarra. Una respuesta simple es identificar a quien vende. Pero una hamburguesa con papas me la puedo comer en un fast food como en el restaurant más refinado. Una segunda opción es ir por el contenido de la comida en sí y hacer como hacen los daneses que le cobran un impuesto a cualquier comida que tenga un contenido de grasas saturadas mayor a un cierto nivel. El problema es que hay comidas como el chocolate oscuro que tiene otras buenas propiedades que están por encima de muchas comidas rápidas.
Pero un problema aún mayor es la efectividad de la política. Estamos muy acostumbrados a no evaluar lo que hacemos pero es algo fundamental. Lo que muestra el caso danés es que el impuesto a las comidas con grasa saturada no ha reducido significativamente el nivel de obesidad de las personas. ¿Entonces? Lo que corresponde es probar diferentes instrumentos siguiendo un diseño experimental que permita aislar posibles explicaciones erróneas para evaluar cual es la mejor manera de modificar los hábitos alimenticios de las personas. De repente terminamos concluyendo que lo más efectivo para reducir la obesidad en las personas es motivándolos a correr o caminar creando estos espacios públicos en las ciudades. Es decir, lo mejor es enfocarse en lo que ya hace tiempo puso en marcha el actual Ministro Tejada, y no en un impuesto chatarra, mal diseñado y peor implementado.
jueves, 12 de enero de 2012
La conveniencia de dos nuevos impuestos
Por: Hans Rothgiesser
SEMANA ECONÓMICA
12-01-12
En un mercado competitivo, los precios de los productos se definen por la interacción de la oferta y la demanda. Puede que el precio parezca excesivo, pero a menos que haya una falla de mercado corregible por medio de una medida específica, no hay razón para que el Estado intervenga poniendo alguna clase de control o de restricción al libre comercio de estos productos. Éste es el caso, por ejemplo, de productos que generan costos a terceros y que no son compensados por el agente que está recibiendo un beneficio de su consumo. Digamos, los cigarrillos. En ciertas circunstancias, el consumo del cigarrillo afecta a terceros inocentes que también aspiran los humos y se perjudican involuntariamente. En casos como ése se justifica que el Estado intervenga para solucionar esa falla de mercado de alguna manera. En otros casos el Estado interviene porque asume que sabe más que tú sobre lo que te conviene, limitando tu libertad de elegir.
Eso se está pretendiendo hacer con el impuesto a la comida chatarra. No obstante, esta propuesta presenta una serie de problemas de aplicación que hacen que la discusión acerca de su conveniencia ni valgan la pena. Esta columna de Gonzalo Zegarra lo comenta, este post de Eduardo Morón ahonda más en ello y este texto de Gonzalo Tamayo de Macroconsult lo aborda brevemente. De hecho, sorprende que los que plantean esta propuesta para desincentivar el consumo de un producto, no consideren qué tan sensibles son los consumidores de estos productos a las variaciones en los precios. A esto en economía se le llama elasticidad precio y es elemental para entender cuál será el efecto de un impuesto de este tipo en el consumo. Un problema adicional con esta propuesta es que distintos grupos de la población tienen distintas elasticidades con respecto a estos productos. Y casualmente los que nos preocupan -los obesos o los que tienen predisposición a la obesidad- tienen una elasticidad mayor para el precio de este producto. Al final, aplicando el impuesto las cadenas de comida chatarra se quedarían solamente con los obesos. A menos que se ponga el impuesto demasiado alto, de tal manera que nadie vaya, lo que equivaldría a que el Estado prohiba el mercado de la comida chatarra en el país, lo cual no tendría sentido en una economía de libre mercado como la que se supone que pregonamos tener.
Por el otro lado tenemos el impuesto de reciprocidad, iniciativa de Javier Diez Canseco. Su proyecto de ley pretende replicar aquí lo que ya se hace en otros países como Argentina, Chile o Brasil, en el que se cobra un impuesto especial a los turistas provenientes de países que cobran "tasa por la solicitud y/o tramitación de visa de turismo y/o residencia temporal a ciudadanos peruanos para el ingreso a sus respectivos territorios". En el mundo de los ideales políticos puede que tenga sentido, pero cuando uno llega a la penúltima página del proyecto, en el que alega no generar ningún costo a la industria del turismo, queda claro que el congresista en cuestión no tiene ni idea del efecto del incremento del precio en la cantidad consumida de un producto. El turista que sale de Europa o de alguno de los países listados tiene varios destinos posibles. Cuando le incrementa el precio a la experiencia, definitivamente la cantidad de turistas que vendrán se va a reducir. Eso es economía básica. A menos, claro, que la elasticidad sea tal que no importe el precio que uno ponga. No obstante, eso implica un tipo específico de turista. Y la propuesta de PromPerú es, por el contrario, promover distintos tipos de turismo.
Por el otro lado, si uno revisa la información disponible en la Organización Mundial del Turismo, podrá ver que todos los países con los que nos compara el congresista Diez Canseco tienen un nivel superior de turismo que el Perú. Quizás cuando tengamos mayor masa de influjo de turistas, pueda tener sentido una propuesta como ésta. Pero por el momento no la tendría tanto. O por lo menos, que acepte que su propuesta tiene costos. Por lo menos.
Ni qué decir del aspecto moral de la medida: ¿Por qué sancionar a los que buenamente desean conocer nuestor país por una iniciativa incorrecta por parte de los políticos de sus países? Se deberían enfocar estos esfuerzos a que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se manifiesta con los representantes de esos países para hacerles llegar nuestra inconformidad y negociar algo.
SEMANA ECONÓMICA
12-01-12
En un mercado competitivo, los precios de los productos se definen por la interacción de la oferta y la demanda. Puede que el precio parezca excesivo, pero a menos que haya una falla de mercado corregible por medio de una medida específica, no hay razón para que el Estado intervenga poniendo alguna clase de control o de restricción al libre comercio de estos productos. Éste es el caso, por ejemplo, de productos que generan costos a terceros y que no son compensados por el agente que está recibiendo un beneficio de su consumo. Digamos, los cigarrillos. En ciertas circunstancias, el consumo del cigarrillo afecta a terceros inocentes que también aspiran los humos y se perjudican involuntariamente. En casos como ése se justifica que el Estado intervenga para solucionar esa falla de mercado de alguna manera. En otros casos el Estado interviene porque asume que sabe más que tú sobre lo que te conviene, limitando tu libertad de elegir.
Eso se está pretendiendo hacer con el impuesto a la comida chatarra. No obstante, esta propuesta presenta una serie de problemas de aplicación que hacen que la discusión acerca de su conveniencia ni valgan la pena. Esta columna de Gonzalo Zegarra lo comenta, este post de Eduardo Morón ahonda más en ello y este texto de Gonzalo Tamayo de Macroconsult lo aborda brevemente. De hecho, sorprende que los que plantean esta propuesta para desincentivar el consumo de un producto, no consideren qué tan sensibles son los consumidores de estos productos a las variaciones en los precios. A esto en economía se le llama elasticidad precio y es elemental para entender cuál será el efecto de un impuesto de este tipo en el consumo. Un problema adicional con esta propuesta es que distintos grupos de la población tienen distintas elasticidades con respecto a estos productos. Y casualmente los que nos preocupan -los obesos o los que tienen predisposición a la obesidad- tienen una elasticidad mayor para el precio de este producto. Al final, aplicando el impuesto las cadenas de comida chatarra se quedarían solamente con los obesos. A menos que se ponga el impuesto demasiado alto, de tal manera que nadie vaya, lo que equivaldría a que el Estado prohiba el mercado de la comida chatarra en el país, lo cual no tendría sentido en una economía de libre mercado como la que se supone que pregonamos tener.
Por el otro lado tenemos el impuesto de reciprocidad, iniciativa de Javier Diez Canseco. Su proyecto de ley pretende replicar aquí lo que ya se hace en otros países como Argentina, Chile o Brasil, en el que se cobra un impuesto especial a los turistas provenientes de países que cobran "tasa por la solicitud y/o tramitación de visa de turismo y/o residencia temporal a ciudadanos peruanos para el ingreso a sus respectivos territorios". En el mundo de los ideales políticos puede que tenga sentido, pero cuando uno llega a la penúltima página del proyecto, en el que alega no generar ningún costo a la industria del turismo, queda claro que el congresista en cuestión no tiene ni idea del efecto del incremento del precio en la cantidad consumida de un producto. El turista que sale de Europa o de alguno de los países listados tiene varios destinos posibles. Cuando le incrementa el precio a la experiencia, definitivamente la cantidad de turistas que vendrán se va a reducir. Eso es economía básica. A menos, claro, que la elasticidad sea tal que no importe el precio que uno ponga. No obstante, eso implica un tipo específico de turista. Y la propuesta de PromPerú es, por el contrario, promover distintos tipos de turismo.
Por el otro lado, si uno revisa la información disponible en la Organización Mundial del Turismo, podrá ver que todos los países con los que nos compara el congresista Diez Canseco tienen un nivel superior de turismo que el Perú. Quizás cuando tengamos mayor masa de influjo de turistas, pueda tener sentido una propuesta como ésta. Pero por el momento no la tendría tanto. O por lo menos, que acepte que su propuesta tiene costos. Por lo menos.
Ni qué decir del aspecto moral de la medida: ¿Por qué sancionar a los que buenamente desean conocer nuestor país por una iniciativa incorrecta por parte de los políticos de sus países? Se deberían enfocar estos esfuerzos a que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se manifiesta con los representantes de esos países para hacerles llegar nuestra inconformidad y negociar algo.
jueves, 5 de enero de 2012
La Rajtokodo de la Konsumanto estas ruboj kaj gi damagi la ekonomion
Por: Alfredo Bullard
SEMANA ECONÓMICA
05-01-12
Es probable que la gran mayoría no haya entendido el título. La razón es muy sencilla. Están en un idioma del que varios habrán escuchado, pero que virtualmente nadie habla: están en esperanto.
El esperanto es quizás la más conocida de las llamadas lenguas planificadas. Fue creada entre 1877 y 1887 por L.L. Zamenhof, un polaco que se creía capaz de crear un idioma tan fácil de hablar y de aprender que lo usaría todo el mundo, que tendría uso universal y permitiría a todos los habitantes del orbe comunicarse con facilidad.
Desde el punto de vista teórico, Zamenhof hizo un excelente trabajo: el esperanto es 10 veces más fácil de aprender que el inglés, en especial como segundo idioma. Su regularidad y la ausencia de excepciones en su uso lo hace muy amigable, sencillo y predecible. Lo cierto es que si lo aprendiéramos todos, sería más fácil comunicarse.
Pero desde el punto de vista práctico fue un absoluto fracaso. Nadie lo habla ni tiene interés en aprenderlo. Los seres humanos no hablan un idioma por que sea fácil de aprender, sino por que les nace hacerlo de la interacción con otros individuos. El fracaso de Zamenhof y su esperanto se origina en no haber comprendido algo muy sencillo: el lenguaje es un orden espontáneo, no susceptible de planificación. No nace de arriba abajo, sino de abajo arriba. Las personas aprendemos a hablar un idioma interactuando y al interactuar vamos a la vez recreando el idioma. El español que hablamos es una creación colectiva no atribuible a nadie en particular, pero sí a todos en general, incluidas numerosas generaciones que nos antecedieron hablando español o las lenguas que le sirvieron de raíz.
Por supuesto que Zamenhof pudo seguir una vía distinta y convencer a los gobiernos que obligaran a sus ciudadanos a aprender y hablar esperanto. Con ello la lengua planificada hubierasido impuesta por un planificador. ¿Hubieran sido sus resultados más auspiciosos?
Lo dudo. El idioma no se puede imponer ni por las buenas ni por las malas. Intentos similares han fracasado simplemente porque es de la naturaleza de todo idioma ser producto de la interacción y no de la imposición. No se enseña a hablar por decreto.
De hecho los intentos de organizaciones como la Real Academia de la Lengua Española de restringir la evolución del lenguaje con reglas de “obligatorio” cumplimiento fracasa una tras otra, a tal nivel que hoy la Academia es más un mecanismo (innecesario por cierto) de reconocer la evolución espontánea antes que de reglar realmente como habla y escribe la gente. Las comunicaciones vía Internet o teléfonos celulares está cambiando radicalmente la forma como las personas escriben, muy a pesar de los ortodoxos de la Academia, simplemente porque la interacción empuja una evolución cada vez más ecelerada.
Como decía Hayek, los órdenes espontáneos tienen una ventaja inmensa sobre los órdenes planificados o constructivistas: reflejan mejor lo que la gente sabe, quiere y siente. No son meros caprichos. Resuelven el problema de contar la información necesaria para establecer las reglas adecuadas. Las reglas nacen de la interacción y evolucionan conforme la sociedad evoluciona. Son dinámicas y responden al carácter innovador y renovador de la vida en sociedad.
Hace unos días el diario El Comercio refería que el Código de Consumo “no había respondido a las expectativas” y sustentaba su conclusión en una encuesta tomada a la población. Al día siguiente de publicada esa información el mismo diario editorializaba sobre las razones de por qué esas expectativas no habían sido satisfechas, y se achacaba el hecho a problemas en las normas, falta de reglamentación y a la incapacidad del Indecopi de poner en práctica las reglas aprobadas.
El Comercio se equivoca de cabo a rabo. La razón por la que el código no funciona es la misma por la que fracasó el esperanto: no se entiende que el mercado -como el lenguaje- es un orden espontáneo en el que las regulaciones, y en especial las malas regulaciones, están condenadas al fracaso. El código trata de crear reglas para la interacción al margen de si reflejan o no lo que la gente quiere. Reglas creadas sin información respecto de lo que los seres humanos quieren y necesitan no augura nada bueno.
Quizás esté equivocado, pero me atrevo a sugerir que lo que los consumidores más desean es innovación y diversidad. Las personas queremos que las empresas y proveedores encuentren nuevas maneras, más efectivas y económicas, de satisfacer nuestras necesidades y que tengamos opciones diferentes en el mercado entre las cuales escoger. La clara inclinación por soluciones tecnológicas cada vez más sofisticadas y, a la vez baratas, parece un signo de los tiempos de Steve Jobs y Bill Gates. Lo mismo se puede decir en la creatividad que uno encuentra entre nuevos servicios y calidades. El código va precisamente en contra, pues al regular estándares y reglas obligatorias reduce los espacios para innovar. El problema es entonces que no se respetan las reglas, pero no porque los proveedores sean malos, sino porque no hay suficientes consumidores dispuestos a hacer que el código se cumpla, simplemente porque no es eso lo que les interesa.
Otra cosa que me atrevo a sugerir que los consumidores desean es pagar menos. Pero los estándares del código son una recatafila de sobrecostos impuestos sin preguntar a los consumidores si están dispuestos o deseosos de pagar por ellos. Y ante cumplir el código a mayor costo, la gente escoge que este no se cumpla.
Los Gutiérrez y Delgados que impulsaron el código cometen el mismo error que Zamenhof y de los socialistas: olvidar la existencia de órdenes espontáneos. Y es que, les guste o no, ese código es un esperpento socialista, pero bajo piel de cordero pro mercado. Sus impulsores creen que empujan el desarrollo de un mercado cuando en realidad lo destruyen, y al hacerlo conducen a una reducción sustancial del bienestar.
¿Por qué el Código de Consumo no ha satisfecho las expectativas? Por una razón muy sencilla: porque no puede hacerlo. Después de ofrecernos que nos llevaría a un mundo mejor, nos deja en un mundo en el que nadie estará satisfecho: no puede cumplirse porque crea una relación “contra natura” entre proveedores y consumidores.
Por eso los comentarios que se pusieron a mi post anterior (Querido Papá Noel, publicado el 23 de diciembre del 2011) que preguntaban por qué proponía derogar ese esperpento llamado Código de Consumo encuentran aquí su respuesta. Los mercados no se corrigen ni funcionan mejor con libros de reclamos o prohibiendo los transgénicos o limitando el derecho a renunciar al prepago de un crédito. Los mercados funcionan mejor dejando que -como en el lenguaje- los consumidores se expresen mejor. A fin de cuentas los mercados son como los idiomas: son formas de comunicar expectativas llevándolas al encuentro de aquellas capacidades de otros que puedan satisfacerlas.
Lo dicho no quiere decir, sin embargo, que el código sea irrelevante y que no cause daño. Es todo lo contrario. Los órdenes espontáneos se desarrollan mejor y generan más bienestar dentro de marcos institucionales que promueven la interacción libre, dejan espacio a la innovación y permiten que cada persona encuentre su camino.
Cuando la interacción humana se encuentra con regulaciones ridículas y absurdas como las que plagan el articulado del código que pretenden ser impuestas por la autoridad, se limita y relativiza la capacidad de los órdenes espontáneos para avanzar en la generación de bienestar. Se elevan innecesariamente los costos de transacción y convierte la satisfacción legítima de intereses individuales de consumidores y proveedores en infracción, ilegalidad e informalidad. Así como prohibir hablar español convertirá en clandestino un idioma, sancionar la innovación y la reducción de costos convierte en ilegal y penado lo que deberíamos aplaudir.
Aquí planteo una apuesta: año tras año, década tras década, todas las encuestas que se hagan arrojaran el mismo resultado: el bendito código no satisface las expectativas de la gente. Pero eso no es su culpa. Es consecuencia de que el mercado es un orden espontáneo y culpa de la ingenua malicia de sus creadores.
PD. Para los que tengan curiosidad sobre qué significa el título: El Código de Consumo es un adefesio y daña a la economía.
* Abogado de Bullard, Falla & Ezcurra
SEMANA ECONÓMICA
05-01-12
Es probable que la gran mayoría no haya entendido el título. La razón es muy sencilla. Están en un idioma del que varios habrán escuchado, pero que virtualmente nadie habla: están en esperanto.
El esperanto es quizás la más conocida de las llamadas lenguas planificadas. Fue creada entre 1877 y 1887 por L.L. Zamenhof, un polaco que se creía capaz de crear un idioma tan fácil de hablar y de aprender que lo usaría todo el mundo, que tendría uso universal y permitiría a todos los habitantes del orbe comunicarse con facilidad.
Desde el punto de vista teórico, Zamenhof hizo un excelente trabajo: el esperanto es 10 veces más fácil de aprender que el inglés, en especial como segundo idioma. Su regularidad y la ausencia de excepciones en su uso lo hace muy amigable, sencillo y predecible. Lo cierto es que si lo aprendiéramos todos, sería más fácil comunicarse.
Pero desde el punto de vista práctico fue un absoluto fracaso. Nadie lo habla ni tiene interés en aprenderlo. Los seres humanos no hablan un idioma por que sea fácil de aprender, sino por que les nace hacerlo de la interacción con otros individuos. El fracaso de Zamenhof y su esperanto se origina en no haber comprendido algo muy sencillo: el lenguaje es un orden espontáneo, no susceptible de planificación. No nace de arriba abajo, sino de abajo arriba. Las personas aprendemos a hablar un idioma interactuando y al interactuar vamos a la vez recreando el idioma. El español que hablamos es una creación colectiva no atribuible a nadie en particular, pero sí a todos en general, incluidas numerosas generaciones que nos antecedieron hablando español o las lenguas que le sirvieron de raíz.
Por supuesto que Zamenhof pudo seguir una vía distinta y convencer a los gobiernos que obligaran a sus ciudadanos a aprender y hablar esperanto. Con ello la lengua planificada hubierasido impuesta por un planificador. ¿Hubieran sido sus resultados más auspiciosos?
Lo dudo. El idioma no se puede imponer ni por las buenas ni por las malas. Intentos similares han fracasado simplemente porque es de la naturaleza de todo idioma ser producto de la interacción y no de la imposición. No se enseña a hablar por decreto.
De hecho los intentos de organizaciones como la Real Academia de la Lengua Española de restringir la evolución del lenguaje con reglas de “obligatorio” cumplimiento fracasa una tras otra, a tal nivel que hoy la Academia es más un mecanismo (innecesario por cierto) de reconocer la evolución espontánea antes que de reglar realmente como habla y escribe la gente. Las comunicaciones vía Internet o teléfonos celulares está cambiando radicalmente la forma como las personas escriben, muy a pesar de los ortodoxos de la Academia, simplemente porque la interacción empuja una evolución cada vez más ecelerada.
Como decía Hayek, los órdenes espontáneos tienen una ventaja inmensa sobre los órdenes planificados o constructivistas: reflejan mejor lo que la gente sabe, quiere y siente. No son meros caprichos. Resuelven el problema de contar la información necesaria para establecer las reglas adecuadas. Las reglas nacen de la interacción y evolucionan conforme la sociedad evoluciona. Son dinámicas y responden al carácter innovador y renovador de la vida en sociedad.
Hace unos días el diario El Comercio refería que el Código de Consumo “no había respondido a las expectativas” y sustentaba su conclusión en una encuesta tomada a la población. Al día siguiente de publicada esa información el mismo diario editorializaba sobre las razones de por qué esas expectativas no habían sido satisfechas, y se achacaba el hecho a problemas en las normas, falta de reglamentación y a la incapacidad del Indecopi de poner en práctica las reglas aprobadas.
El Comercio se equivoca de cabo a rabo. La razón por la que el código no funciona es la misma por la que fracasó el esperanto: no se entiende que el mercado -como el lenguaje- es un orden espontáneo en el que las regulaciones, y en especial las malas regulaciones, están condenadas al fracaso. El código trata de crear reglas para la interacción al margen de si reflejan o no lo que la gente quiere. Reglas creadas sin información respecto de lo que los seres humanos quieren y necesitan no augura nada bueno.
Quizás esté equivocado, pero me atrevo a sugerir que lo que los consumidores más desean es innovación y diversidad. Las personas queremos que las empresas y proveedores encuentren nuevas maneras, más efectivas y económicas, de satisfacer nuestras necesidades y que tengamos opciones diferentes en el mercado entre las cuales escoger. La clara inclinación por soluciones tecnológicas cada vez más sofisticadas y, a la vez baratas, parece un signo de los tiempos de Steve Jobs y Bill Gates. Lo mismo se puede decir en la creatividad que uno encuentra entre nuevos servicios y calidades. El código va precisamente en contra, pues al regular estándares y reglas obligatorias reduce los espacios para innovar. El problema es entonces que no se respetan las reglas, pero no porque los proveedores sean malos, sino porque no hay suficientes consumidores dispuestos a hacer que el código se cumpla, simplemente porque no es eso lo que les interesa.
Otra cosa que me atrevo a sugerir que los consumidores desean es pagar menos. Pero los estándares del código son una recatafila de sobrecostos impuestos sin preguntar a los consumidores si están dispuestos o deseosos de pagar por ellos. Y ante cumplir el código a mayor costo, la gente escoge que este no se cumpla.
Los Gutiérrez y Delgados que impulsaron el código cometen el mismo error que Zamenhof y de los socialistas: olvidar la existencia de órdenes espontáneos. Y es que, les guste o no, ese código es un esperpento socialista, pero bajo piel de cordero pro mercado. Sus impulsores creen que empujan el desarrollo de un mercado cuando en realidad lo destruyen, y al hacerlo conducen a una reducción sustancial del bienestar.
¿Por qué el Código de Consumo no ha satisfecho las expectativas? Por una razón muy sencilla: porque no puede hacerlo. Después de ofrecernos que nos llevaría a un mundo mejor, nos deja en un mundo en el que nadie estará satisfecho: no puede cumplirse porque crea una relación “contra natura” entre proveedores y consumidores.
Por eso los comentarios que se pusieron a mi post anterior (Querido Papá Noel, publicado el 23 de diciembre del 2011) que preguntaban por qué proponía derogar ese esperpento llamado Código de Consumo encuentran aquí su respuesta. Los mercados no se corrigen ni funcionan mejor con libros de reclamos o prohibiendo los transgénicos o limitando el derecho a renunciar al prepago de un crédito. Los mercados funcionan mejor dejando que -como en el lenguaje- los consumidores se expresen mejor. A fin de cuentas los mercados son como los idiomas: son formas de comunicar expectativas llevándolas al encuentro de aquellas capacidades de otros que puedan satisfacerlas.
Lo dicho no quiere decir, sin embargo, que el código sea irrelevante y que no cause daño. Es todo lo contrario. Los órdenes espontáneos se desarrollan mejor y generan más bienestar dentro de marcos institucionales que promueven la interacción libre, dejan espacio a la innovación y permiten que cada persona encuentre su camino.
Cuando la interacción humana se encuentra con regulaciones ridículas y absurdas como las que plagan el articulado del código que pretenden ser impuestas por la autoridad, se limita y relativiza la capacidad de los órdenes espontáneos para avanzar en la generación de bienestar. Se elevan innecesariamente los costos de transacción y convierte la satisfacción legítima de intereses individuales de consumidores y proveedores en infracción, ilegalidad e informalidad. Así como prohibir hablar español convertirá en clandestino un idioma, sancionar la innovación y la reducción de costos convierte en ilegal y penado lo que deberíamos aplaudir.
Aquí planteo una apuesta: año tras año, década tras década, todas las encuestas que se hagan arrojaran el mismo resultado: el bendito código no satisface las expectativas de la gente. Pero eso no es su culpa. Es consecuencia de que el mercado es un orden espontáneo y culpa de la ingenua malicia de sus creadores.
PD. Para los que tengan curiosidad sobre qué significa el título: El Código de Consumo es un adefesio y daña a la economía.
* Abogado de Bullard, Falla & Ezcurra
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