La gran exclusión

Nuestra estructura de ingresos ya no es una pirámide: es un rombo. Pero la del empleo en las empresas es al revés: cóncava

Por: Jaime de Althaus
EL COMERCIO
28-11-14

Debe ser por un afán provocador que Alfredo Torres ha escrito en este Diario que es un mito que en el Perú exista un dinámico sector emergente de micro y pequeños empresarios que a su vez conformen una nueva clase media, pues –afirma– la gran mayoría de microempresas no son expresiones de un pujante emprendedurismo, sino un esforzado mecanismo de supervivencia. Y que el sector verdaderamente dinámico, que explica el crecimiento de la clase media emergente, es el de las 50 mil empresas que tienen entre 10 y 100 trabajadores.

El problema de ese enfoque es que ve el proceso solo de arriba hacia abajo, negando la emergencia que viene de abajo hacia arriba y que queda frustrada precisamente porque las normas laborales y tributarias le impiden seguir escalando. No cabe duda de que hay un fuerte proceso de emergencia social. Entre el 2007 y el 2012, el empleo adecuado urbano (los que ganan por encima del salario mínimo) se dobló asombrosamente, pasando del 27,6% al 56,4%, y la clase media se ha doblado o triplicado (según el cálculo que se haga): pasó de 25,9% de la población el 2005 a 48,9% el 2011 según el BID, o de 11,9% a 40,1% según el Banco Mundial. La cantidad de población en la que se ha incrementado la clase media es mucho mayor a la que trabaja en empresas entre 10 y 100 trabajadores. Nuestra estructura de ingresos ya no es una pirámide, sino un rombo.

El problema está en que buena parte de esa población incorporada a una nueva clase media no se ha formalizado, pues entre esos años el empleo informal urbano apenas disminuyó del 72,8% al 66,8%. Tenemos una clase media emergente informal, lo que es casi un contrasentido. Y no se ha formalizado por el costo de la formalidad. Entonces, si vemos el tema en términos políticos, una cosa es decir: hay que reformar la legislación laboral para que crezcan más las empresas medianas y grandes, y otra es decir: hay que hacerlo para liberar el tapón que les impide a los micro y pequeños empresarios seguir creciendo.

Pues eso es lo que está ocurriendo. Si la estructura de ingresos es un rombo, la del empleo en las empresas es al revés, cóncava: hay mucho menos trabajadores en empresas medianas (8,9%) que en empresas grandes (24,3%), lo que significa que el salto de la pequeña a la mediana empresa es un salto mortal, casi imposible. Es decir, el crecimiento económico de las clases emergentes está reprimido por una formalidad excluyente, onerosa y compleja. La escasa formalización ocurre por expansión de las empresas grandes y no por crecimiento de las pequeñas.

Impulsar el desarrollo de las medianas y grandes empresas formales para convertirnos en un país del Primer Mundo, como quiere Alfredo, requiere levantar las barreras que impiden el acceso de los sectores emergentes a las palancas de la formalidad y que limitan el crecimiento de los pequeños más allá de cierto punto. Pues esa es, finalmente, la gran exclusión de nuestra sociedad.

El mito de los emergentes

El crecimiento de las empresas medianas y grandes aporta a la formación de una cultura cívica, respetuosa de la ley.

Por: Alfredo Torres*
EL COMERCIO
25-11-14

La existencia de un dinámico sector emergente, conformado por millones de micro y pequeños empresarios que a su vez conformarían una nueva y amplia clase media, es uno de nuestros mitos más difundidos y equivocados. La ilusión proviene de la existencia de más de siete millones de unidades productivas en el país. Lo que se olvida es que más del 98% de ellas son microempresas que operan en actividades de baja productividad, que solo permiten salarios o ganancias variables en el rango de 25 a 75 soles diarios para una o dos personas, dependiendo del caso. Por desgracia, la gran mayoría de esas microempresas no son expresiones de un pujante y exitoso emprendedurismo sino un esforzado mecanismo de supervivencia.

Si se quiere vincular el concepto de empresario emergente a un sector de la población, una buena aproximación sería asignárselo a la pequeña empresa. En términos gruesos, se trata de empresas que tienen entre 10 y 100 trabajadores que generan, por lo general, ingresos anuales en el rango de los cien mil a un millón de dólares. En el Perú, existen alrededor de 50 mil de estas empresas, la mitad formales y la mitad en la informalidad. Las más exitosas lograrán eventualmente su pase a la categoría de las Top 10 mil, donde la mayoría cuenta con más de 100 trabajadores.

El crecimiento de la clase media emergente en el Perú es producto del dinamismo de estas 50 mil pequeñas empresas, pero también del crecimiento sostenido de las 10 mil empresas más grandes. Entre ambas han generado un millón de empleos entre el 2006 y el 2013. Y los concurridos centros comerciales que hoy se extienden por todo el país son visitados no solo por las familias de los 50 mil pequeños empresarios y los más exitosos microempresarios sino también por el millón de nuevos trabajadores que ha generado la empresa privada en los últimos siete años.

Las políticas públicas destinadas a la generación de empleo deben estar orientadas, pues, a mejorar las condiciones para estas 60 mil empresas que proveen la mayor parte de los empleos formales del país. En ese sentido, es relevante lo que respondieron los asistentes a CADE 2014 en la encuesta de Ipsos sobre las medidas que serían más importantes para impulsar la creación de empleo: el 65% contestó que reducir la indemnización por despido y prohibir la reposición obligatoria; el 53% facilitar los contratos a plazo fijo; y el 41% facilitar la contratación de trabajadores eventuales como permanentes sin riesgo de pagar beneficios laborales por los años previos. El gobierno y el Congreso deberían recoger estos planteamientos y avanzar con audacia en dichas reformas. Como señaló El Comercio en su editorial de ayer (“Curitas laborales”), el Ejecutivo ha propuesto recientemente algunas medidas importantes en esa dirección, pero lamentablemente dista de ser la reforma que se requiere para ser más competitivos.

Cuando se publicó “El otro sendero” en 1986, el Perú vivía circunstancias muy difíciles frente a las cuales las mypes informales fueron –como destacó Hernando de Soto entonces– una salida creativa y heroica de la población. Ahora, sin embargo, si aspiramos a ser en pocas décadas un país del Primer Mundo, la prioridad debe ser impulsar el desarrollo de las medianas y grandes empresas formales. En el Perú apenas el 40% de la PEA es asalariada; en Chile es más del 60% y en Estados Unidos es el 80%. Es decir, el Perú no necesita más microempresas, al contrario, necesita menos.

La existencia de una proporción reducida de microempresas en Estados Unidos no implica que no haya en ese país un gran espíritu emprendedor pero este se concentra en los innovadores. Ese es el tipo de emprendedores que necesita el Perú, el emprendimiento de las start-ups, que analiza “Semana Económica” en su última edición, no el de las mypes informales que son solo subterfugios para el autoempleo, cuando no para la simple evasión de responsabilidades tributarias.

El crecimiento de las empresas medianas y grandes no trae solo beneficios económicos para el país en términos de producción, empleo y pago de impuestos; aporta también a la formación de una cultura cívica en la que más ciudadanos se sienten parte de una sociedad organizada y respetuosa de la ley. Si hubiese que escoger un indicador simple que permita comparar el país que debemos dejar y el Perú al que debemos evolucionar, este podría ser el número de peruanos que trabajan en los tradicionales mercadillos informales –caracterizados por su precariedad– versus el número peruanos que trabaja en centros comerciales formales y que brindan al público un ambiente limpio, ordenado y seguro.

*Presidente ejecutivo de Ipsos Perú

Impuestos Chatarra

Por: Eduardo Morón
SEMANA ECONOMICA
10-01-12


Empecemos por el descargo correspondiente. Tengo 8 kilos de sobrepeso. Tengo 4 hijos que les encanta comer en restaurants de comida chatarra. Ninguno de ellos tiene un problema de sobrepeso.

Al Ministro Tejada le salió lo de árbitro y quiere ponerle tarjeta amarilla a la comida chatarra en vez de seguir con la promoción de los trotes alrededor del Pentagonito de su época de alcalde sanborjino.

Aquí hay varias preguntas. La primera es si el Estado debe desincentivar el consumo de comida que puede ser nociva para la salud y bienestar futuro de las personas. La gran mayoría diría que sí y pondría los ejemplos de lo que ya se hace con el alcohol y el tabaco. Pero (y no es menor), la gran complicación viene por la forma de cobro. En el caso del alcohol y el tabaco se cobra dicho impuesto a la venta de productos debidamente manufacturados. Si pudiera comprar puros rolados a mano que se vendiera al pie de los semáforos ese producto estaría exento de impuestos, lo mismo con algún aguardiente producido de manera artesanal.

Lo esencial en el diseño de un impuesto es que la base imponible sea visible y verificable. Eso aumenta enormemente la recaudación. Piensen en el ITF o en el impuesto a los combustibles. En el caso de la comida chatarra uno podría preguntarse para empezar a qué le llamamos comida chatarra. Una respuesta simple es identificar a quien vende. Pero una hamburguesa con papas me la puedo comer en un fast food como en el restaurant más refinado. Una segunda opción es ir por el contenido de la comida en sí y hacer como hacen los daneses que le cobran un impuesto a cualquier comida que tenga un contenido de grasas saturadas mayor a un cierto nivel. El problema es que hay comidas como el chocolate oscuro que tiene otras buenas propiedades que están por encima de muchas comidas rápidas.

Pero un problema aún mayor es la efectividad de la política. Estamos muy acostumbrados a no evaluar lo que hacemos pero es algo fundamental. Lo que muestra el caso danés es que el impuesto a las comidas con grasa saturada no ha reducido significativamente el nivel de obesidad de las personas. ¿Entonces? Lo que corresponde es probar diferentes instrumentos siguiendo un diseño experimental que permita aislar posibles explicaciones erróneas para evaluar cual es la mejor manera de modificar los hábitos alimenticios de las personas. De repente terminamos concluyendo que lo más efectivo para reducir la obesidad en las personas es motivándolos a correr o caminar creando estos espacios públicos en las ciudades. Es decir, lo mejor es enfocarse en lo que ya hace tiempo puso en marcha el actual Ministro Tejada, y no en un impuesto chatarra, mal diseñado y peor implementado.

La conveniencia de dos nuevos impuestos

Por: Hans Rothgiesser
SEMANA ECONÓMICA
12-01-12


En un mercado competitivo, los precios de los productos se definen por la interacción de la oferta y la demanda. Puede que el precio parezca excesivo, pero a menos que haya una falla de mercado corregible por medio de una medida específica, no hay razón para que el Estado intervenga poniendo alguna clase de control o de restricción al libre comercio de estos productos. Éste es el caso, por ejemplo, de productos que generan costos a terceros y que no son compensados por el agente que está recibiendo un beneficio de su consumo. Digamos, los cigarrillos. En ciertas circunstancias, el consumo del cigarrillo afecta a terceros inocentes que también aspiran los humos y se perjudican involuntariamente. En casos como ése se justifica que el Estado intervenga para solucionar esa falla de mercado de alguna manera. En otros casos el Estado interviene porque asume que sabe más que tú sobre lo que te conviene, limitando tu libertad de elegir.

Eso se está pretendiendo hacer con el impuesto a la comida chatarra. No obstante, esta propuesta presenta una serie de problemas de aplicación que hacen que la discusión acerca de su conveniencia ni valgan la pena. Esta columna de Gonzalo Zegarra lo comenta, este post de Eduardo Morón ahonda más en ello y este texto de Gonzalo Tamayo de Macroconsult lo aborda brevemente. De hecho, sorprende que los que plantean esta propuesta para desincentivar el consumo de un producto, no consideren qué tan sensibles son los consumidores de estos productos a las variaciones en los precios. A esto en economía se le llama elasticidad precio y es elemental para entender cuál será el efecto de un impuesto de este tipo en el consumo. Un problema adicional con esta propuesta es que distintos grupos de la población tienen distintas elasticidades con respecto a estos productos. Y casualmente los que nos preocupan -los obesos o los que tienen predisposición a la obesidad- tienen una elasticidad mayor para el precio de este producto. Al final, aplicando el impuesto las cadenas de comida chatarra se quedarían solamente con los obesos. A menos que se ponga el impuesto demasiado alto, de tal manera que nadie vaya, lo que equivaldría a que el Estado prohiba el mercado de la comida chatarra en el país, lo cual no tendría sentido en una economía de libre mercado como la que se supone que pregonamos tener.

Por el otro lado tenemos el impuesto de reciprocidad, iniciativa de Javier Diez Canseco. Su proyecto de ley pretende replicar aquí lo que ya se hace en otros países como Argentina, Chile o Brasil, en el que se cobra un impuesto especial a los turistas provenientes de países que cobran "tasa por la solicitud y/o tramitación de visa de turismo y/o residencia temporal a ciudadanos peruanos para el ingreso a sus respectivos territorios". En el mundo de los ideales políticos puede que tenga sentido, pero cuando uno llega a la penúltima página del proyecto, en el que alega no generar ningún costo a la industria del turismo, queda claro que el congresista en cuestión no tiene ni idea del efecto del incremento del precio en la cantidad consumida de un producto. El turista que sale de Europa o de alguno de los países listados tiene varios destinos posibles. Cuando le incrementa el precio a la experiencia, definitivamente la cantidad de turistas que vendrán se va a reducir. Eso es economía básica. A menos, claro, que la elasticidad sea tal que no importe el precio que uno ponga. No obstante, eso implica un tipo específico de turista. Y la propuesta de PromPerú es, por el contrario, promover distintos tipos de turismo.

Por el otro lado, si uno revisa la información disponible en la Organización Mundial del Turismo, podrá ver que todos los países con los que nos compara el congresista Diez Canseco tienen un nivel superior de turismo que el Perú. Quizás cuando tengamos mayor masa de influjo de turistas, pueda tener sentido una propuesta como ésta. Pero por el momento no la tendría tanto. O por lo menos, que acepte que su propuesta tiene costos. Por lo menos.

Ni qué decir del aspecto moral de la medida: ¿Por qué sancionar a los que buenamente desean conocer nuestor país por una iniciativa incorrecta por parte de los políticos de sus países? Se deberían enfocar estos esfuerzos a que nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores se manifiesta con los representantes de esos países para hacerles llegar nuestra inconformidad y negociar algo.