Nadie llora por la educación

Cuando se hizo evidente un problema educativo, todos cambiamos de actitud y comenzamos a mejorar.

Por: Rolando Arellano*
EL COMERCIO
23-03-15

Algunos dicen que los peruanos siempre nos quejamos, pero nunca nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas. Felizmente lo que se ve hoy en el terreno de la educación muestra que están muy equivocados.

La historia empezó hace años cuando los gobiernos dejaron de invertir en educación, quizá porque sembrar en los niños demora en dar réditos políticos. Más impactante era construir caminos, represas o edificios de colegios sin nada relevante adentro. Las consecuencias se vieron luego cuando los profesionales no encontraban trabajo en sus carreras, las empresas no conseguían personal preparado y las pruebas internacionales decían que nuestros estudiantes no sabían ni leer ni sumar.

Y allí, cuando se hizo evidente un problema educativo, todos cambiamos de actitud y comenzamos a remar en la misma dirección.

Aparecieron entonces iniciativas como Empresarios por la Educación, programas para mejorar la comprensión lectora y las matemáticas auspiciados por bancos, iniciativas público-privadas para colegios, y los CADE dedicados al tema educativo. Y se fundaron escuelas, universidades, institutos especializados y centros de posgrado, innovas, upns, ucs, pachacútecs y centrums, con certificaciones y estándares internacionales, que de paso obligan a mejorar a las instituciones de menor nivel que florecieron en la escasez. Y, siguiendo el ejemplo solitario de Fe y Alegría, se vieron proyectos como UTEC, el mayor aporte filantrópico en educación en el Perú en casi un siglo.

Paralelamente, el Ministerio de Educación tomó por las astas el toro de la calidad docente y planteó evaluaciones y recompensas a los profesores en función de méritos. Y si al principio la oposición sindical fue importante, los maestros vieron que la situación era insostenible y aceptaron los retos de su vocación. Hoy hace ya dos años que no vemos sus acostumbradas huelgas.

Y se crearon los colegios mayores y Beca 18, para dar a los mejores alumnos oportunidad de ejecutar todo su potencial. Se pusieron reglas más estrictas para la enseñanza superior, discutibles y mejorables, pero que muestran que el cambio va en serio. Y el Ministerio de Trabajo y los gremios empresariales empiezan a estudiar las necesidades laborales en el país, para ayudar a los estudiantes a escoger mejor sus profesiones.

Y detrás de ello los medios de comunicación colaboran con información sobre calidad educativa, enfocándose, cosa rara en algunos, en la parte positiva de lo que pasa. Y mientras RPP premia a los mejores maestros, las telefónicas fomentan que los niños estudien en lugar de trabajar y desarrollan comunidades académicas. Y se ven múltiples iniciativas más que me disculpo por no citar integralmente aquí.

Y así los padres de familia responden enviando a sus hijos a clases puntualmente. Y los niños aceptan recortar un mes de vacaciones y van a sus colegios con una sonrisa. Y aunque falta mucho por hacer, empieza a generarse un círculo virtuoso, certificado por mejores resultados de nuestros jóvenes en las pruebas internacionales.

Eso porque todos los peruanos decidimos luchar, en vez de solo criticar y echarnos a llorar por el problema educativo. Salvo por cierto los muy pequeñitos, que siempre lloran en su primer día de clases.

* Profesor de Centrum Católica

¿Por qué subsidiar la inversión en I+D?

El innovador exitoso tiene, por lo tanto, una ventaja, aunque sea temporal, sobre sus competidores.

Por: Iván Alonso
Economista
EL COMERCIO
28-03-15

Finalmente se aprobó la Ley 30309, que otorga un beneficio tributario a las empresas que hagan inversiones en investigación y desarrollo (I+D). La norma permite deducir, para fines tributarios, todo lo invertido y más, de manera que por cada 100 gastados en I+D se podrá deducir 75 adicionales, obteniendo la empresa un descuento de 21 en sus impuestos. Hemos expresado en un artículo anterior nuestro desacuerdo con esta medida porque el subsidio, incentivo o como quiera llamárselo –en el fondo, es lo mismo–, hace atractivas para las empresas ciertas inversiones que jamás debieran hacerse porque no ofrecen una expectativa real de rentabilidad.

Lo que queremos esta vez considerar son los argumentos con los que los economistas justifican los subsidios a la inversión en investigación y desarrollo. Según ellos, habrá muy poca inversión en I+D si el Estado no la subsidia. En primer lugar, porque las empresas esperarán que sean otras las que hagan la inversión, para luego imitarlas. En segundo lugar, porque el empresario solo tomará en cuenta los beneficios que su empresa pueda capitalizar, y no todos los demás beneficios que la innovación genere para la sociedad. Ambos argumentos parecen haber sido aceptados por una mayoría de economistas sin haberlos meditado suficientemente.

El primero supone que la innovación es costosa, mientras que la imitación es gratuita e instantánea. ¿Para qué invertir en I+D, si uno puede copiarse de los otros? Pero la imitación también tiene un costo. Hay que informarse de lo que están haciendo los demás y descubrir cómo lo están haciendo. No se lo van a decir por teléfono. Toma su tiempo, y el resultado es incierto. El innovador exitoso tiene, por lo tanto, una ventaja, aunque sea temporal, sobre sus competidores.

La imitación, por lo demás, no es un impedimento para que las empresas hagan inversiones de otro tipo. Ponga usted un grifo en una esquina transitada y es probable que no pase mucho tiempo hasta que aparezca un competidor en la esquina de enfrente. Pero no por eso nos quedamos sin grifos. ¿Por qué tendría que ser diferente el caso de las inversiones en I+D?

El segundo argumento se basa en lo que los economistas llaman ‘spillovers’: parte de los beneficios de la I+D que hace una empresa salpica a terceros. Una empresa podría desechar un proyecto de I+D porque los beneficios que espera recibir no alcanzan a cubrir los costos de inversión. Pero si incluyera en sus cálculos los beneficios derramados sobre otras empresas, el proyecto quizás debería ejecutarse. En el cálculo de la rentabilidad de la inversión, el subsidio a la I+D toma el lugar de los beneficios que la empresa no puede capturar.

No hay, sin embargo, ningún tipo de inversión en el que el empresario logre capturar la totalidad de los beneficios. ¿Cómo hace un inversionista para introducir su producto al mercado? Tiene que bajar el precio. Si en el mercado se vende el ceviche a 40 soles, cobra 35, a pesar de que hay clientes dispuestos a pagar 36, 37 o hasta 39 soles. Parte del beneficio que genera la nueva cebichería lo capturan los clientes, no el inversionista. Y no por eso se abren menos cebicherías.

Si los argumentos que usan los economistas para justificar los subsidios a la I+D fueran válidos, el Estado tendría que subsidiar toda clase de inversiones.

Desborde popular II

Por: Richard Webb*
EL COMERCIO
23-03-15

Este nuevo proceso ha avanzado considerablemente sin ser reconocido.

Con la frase “desborde popular”, José Matos Mar develó en 1984 lo que hasta entonces había sido la transformación más significativa en la estructura social y demográfica del país. En esencia, la población del campo, abandonada por el Estado y sin perspectivas económicas, se trasladó masivamente a Lima y a otras ciudades donde, por sus propios medios, pudo levantar su nivel de vida y donde su visibilidad y cercanía obligó al Estado a prestar una mayor atención. Como un río que se sale de sus cauces, gran parte de las masas populares encontraron un derrotero más favorable para su economía personal y para su participación política.

Retrospectivamente, sorprende lo difícil que es cambiar la autoimagen del país. Si bien se conocían los procesos de migración y urbanización, no se había captado la significancia del cambio. Matos Mar concibe la publicación de su libro como “campanazo de una tremenda realidad”, pese a que llegaba cuando el proceso ya tenía cuatro décadas de existencia. Posteriormente, el cambio de imagen fue reforzado por el libro “El otro sendero”, de Hernando de Soto, y otros estudios que descubrieron al pequeño empresario, y finalmente por las impactantes realidades de Gamarra y Mega Plaza. Años después, Matos Mar comentaría que el desborde mejoró las vidas en las ciudades donde los pobladores de los conos “son ahora familias y habitantes exitosos”.

Pero no todos se urbanizaron. La población rural y de los pequeños pueblos pasó de ser la gran mayoría a ser apenas una cuarta parte de la población, pero, tras las convulsiones de la reforma agraria y del terrorismo, las perspectivas de los que quedaban en el campo parecían más negativas que nunca. En la década de 1980 las zonas rurales vivían una crisis de producción y rentabilidad, excluidas de los recursos públicos y privados que favorecían a las ciudades y la costa. El avance social producido por el desborde resultaba cojo y poco esperanzador en cuanto a los más pobres.

En ese contexto poco auspicioso y de mínimas esperanzas, surgió un segundo desborde popular. Pero esta vez fue la montaña la que se acercó hacia Mahoma. En vez de una migración humana hacia los centros del dinero, en el segundo desborde el dinero fue desde la ciudad hacia el campo. Un verdadero río de recursos financieros, públicos y privados, fueron transferidos desde la economía urbana hacia los distritos más olvidados y pobres del país.

Este segundo proceso se inició durante la década de 1990, como una reacción política al terrorismo. Los servicios básicos del Estado, salud, escuela y seguridad, regresaron al campo. Nuevos programas llevaron agua potable, riego y caminos vecinales a los centros poblados más pequeños, y otros llevaron tecnología productiva. El flujo financiero, todavía limitado por la pobreza de dicha década, tuvo una gran crecida adicional con la descentralización a partir del 2001. La forma algo accidental y poco planificada de la descentralización se conjugó con un auge fiscal fortuito, lo que relajó los controles y dejó que se produzca finalmente un huaico financiero. El gasto efectuado por los municipios provinciales y distritales se ha multiplicado veinte veces desde 1990, casi todo financiado por recursos transferidos desde Lima. Se suman además los crecidos presupuestos de entidades del Gobierno Central para prestar servicios y hacer obra en los distritos rurales más pobres. Ciertamente, cada distrito tiene hoy su palacio municipal y la corrupción campea, pero tiene también su red de caminos vecinales, camiones, combis, tractores y cabinas de Internet, y la pobreza rural se ha reducido sustancialmente.

Como sucedió con el primer desborde popular, el nuevo proceso ha avanzado considerablemente sin ser reconocido. Incluso, sigue siendo negado con cierta terquedad, en parte, creo, porque nos duele aceptar una nueva realidad surgida sin plan, en forma no anticipada, y en gran parte de modo accidental.

*Director del Instituto del Perú de la USMP