Si algún lector cree que este artículo se aplica solo a los gerentes, haga el ejercicio de analizar su vida personal.
Por: Rolando Arellano*
EL COMERCIO
El márketing dice que para tener éxito se debe conocer muy bien el mercado, para darle productos y servicios que se ajusten a sus características. Sin embargo, con mucha frecuencia, y más en momentos de incertidumbre económica como la actual, hay un divorcio entre lo que creemos los gerentes y lo que ocurre realmente, pues pensamos que nuestra experiencia es suficiente para entender lo que el mercado necesita. Así caemos en una de las cinco trampas siguientes: la del tiempo, la del espacio, la del yo, la de los otros y la de todos.
La trampa del tiempo hace que los gerentes tomemos decisiones basándonos en nuestro pasado. Si mi marca de champú se vendió muy bien siendo siempre la más cara de la categoría, ¿por qué hoy cambiar mis precios?, decimos. No notamos que hoy hay muchas más marcas compitiendo, que la gente busca más calidad o que simplemente las expectativas de gasto han cambiado porque la gente tiene otras prioridades. El tiempo cambió, pero algunos gerentes no cambiamos con él.
Muy parecida es la trampa del espacio, pues muchos creemos que lo que nos ocurrió en un lugar se repetirá en el otro. Si me fue bien así en Chile o en España decimos, por ejemplo, en algunas multinacionales, debería irme igual en el Perú. O, si en Lima hoy bajan las ventas, lo mismo debería pasar en Chiclayo o Arequipa. Todo ello sin entender simplemente que Madrid no es Lima, y que el norte y el sur del Perú marchan a velocidades distintas.
Caemos en la trampa del yo cuando sentimos que lo que nos pasa a nosotros es generalizable a todos. Eso pasa cuando los gerentes pensamos, erróneamente, que si nosotros vendemos menos, a todas las empresas les pasa igual. Si analizáramos bien a todos nuestros competidores, no únicamente los formales por cierto, veríamos por ejemplo que algunos están creciendo bastante más que nosotros.
La trampa de los otros nos atrapa cuando creemos entender fácilmente a clientes claramente distintos. “En período de crisis los pobres buscan lo más barato” o “la gente ahora está gastando mucho menos que antes” son frases que decimos sin tener más certeza que la que nos dan nuestros estereotipos y prejuicios. Solo comprendemos que son errados cuando vemos a nuestros clientes comprándole mejor calidad a otro que realmente los conoce.
Pero la más difícil de superar es la trampa de todos. Esa en la que caemos cuando creemos que la manera correcta de actuar es seguir la corriente de la mayoría (por ejemplo, disminuir hoy las inversiones en publicidad o parar el desarrollo de productos). Y es peor cuando tenemos dudas, pero no nos atrevemos a desafiar la opinión generalizada, aun sabiendo que los grandes avances los hacen quienes piensan diferente, como Colón, Galileo o el inversionista Warren Buffet.
En fin, en situaciones inestables los gerentes podemos decidir de dos maneras. Una, basándonos exclusivamente en nuestra experiencia e intuición, pues para eso somos jefes, punto. La otra, asumiendo realísticamente que podemos equivocarnos y, ante una duda razonable, profundizando en el análisis de la situación.
Nota. Si algún lector cree que este artículo se aplica solo a los gerentes, haga el ejercicio de analizar su vida personal o su vida política y verá que allí con frecuencia también caemos en una de estas cinco trampas.
*Profesor de Centrum Católica
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lunes, 4 de mayo de 2015
miércoles, 26 de noviembre de 2014
El mito de los emergentes
El crecimiento de las empresas medianas y grandes aporta a la formación de una cultura cívica, respetuosa de la ley.
Por: Alfredo Torres*
EL COMERCIO
25-11-14
La existencia de un dinámico sector emergente, conformado por millones de micro y pequeños empresarios que a su vez conformarían una nueva y amplia clase media, es uno de nuestros mitos más difundidos y equivocados. La ilusión proviene de la existencia de más de siete millones de unidades productivas en el país. Lo que se olvida es que más del 98% de ellas son microempresas que operan en actividades de baja productividad, que solo permiten salarios o ganancias variables en el rango de 25 a 75 soles diarios para una o dos personas, dependiendo del caso. Por desgracia, la gran mayoría de esas microempresas no son expresiones de un pujante y exitoso emprendedurismo sino un esforzado mecanismo de supervivencia.
Si se quiere vincular el concepto de empresario emergente a un sector de la población, una buena aproximación sería asignárselo a la pequeña empresa. En términos gruesos, se trata de empresas que tienen entre 10 y 100 trabajadores que generan, por lo general, ingresos anuales en el rango de los cien mil a un millón de dólares. En el Perú, existen alrededor de 50 mil de estas empresas, la mitad formales y la mitad en la informalidad. Las más exitosas lograrán eventualmente su pase a la categoría de las Top 10 mil, donde la mayoría cuenta con más de 100 trabajadores.
El crecimiento de la clase media emergente en el Perú es producto del dinamismo de estas 50 mil pequeñas empresas, pero también del crecimiento sostenido de las 10 mil empresas más grandes. Entre ambas han generado un millón de empleos entre el 2006 y el 2013. Y los concurridos centros comerciales que hoy se extienden por todo el país son visitados no solo por las familias de los 50 mil pequeños empresarios y los más exitosos microempresarios sino también por el millón de nuevos trabajadores que ha generado la empresa privada en los últimos siete años.
Las políticas públicas destinadas a la generación de empleo deben estar orientadas, pues, a mejorar las condiciones para estas 60 mil empresas que proveen la mayor parte de los empleos formales del país. En ese sentido, es relevante lo que respondieron los asistentes a CADE 2014 en la encuesta de Ipsos sobre las medidas que serían más importantes para impulsar la creación de empleo: el 65% contestó que reducir la indemnización por despido y prohibir la reposición obligatoria; el 53% facilitar los contratos a plazo fijo; y el 41% facilitar la contratación de trabajadores eventuales como permanentes sin riesgo de pagar beneficios laborales por los años previos. El gobierno y el Congreso deberían recoger estos planteamientos y avanzar con audacia en dichas reformas. Como señaló El Comercio en su editorial de ayer (“Curitas laborales”), el Ejecutivo ha propuesto recientemente algunas medidas importantes en esa dirección, pero lamentablemente dista de ser la reforma que se requiere para ser más competitivos.
Cuando se publicó “El otro sendero” en 1986, el Perú vivía circunstancias muy difíciles frente a las cuales las mypes informales fueron –como destacó Hernando de Soto entonces– una salida creativa y heroica de la población. Ahora, sin embargo, si aspiramos a ser en pocas décadas un país del Primer Mundo, la prioridad debe ser impulsar el desarrollo de las medianas y grandes empresas formales. En el Perú apenas el 40% de la PEA es asalariada; en Chile es más del 60% y en Estados Unidos es el 80%. Es decir, el Perú no necesita más microempresas, al contrario, necesita menos.
La existencia de una proporción reducida de microempresas en Estados Unidos no implica que no haya en ese país un gran espíritu emprendedor pero este se concentra en los innovadores. Ese es el tipo de emprendedores que necesita el Perú, el emprendimiento de las start-ups, que analiza “Semana Económica” en su última edición, no el de las mypes informales que son solo subterfugios para el autoempleo, cuando no para la simple evasión de responsabilidades tributarias.
El crecimiento de las empresas medianas y grandes no trae solo beneficios económicos para el país en términos de producción, empleo y pago de impuestos; aporta también a la formación de una cultura cívica en la que más ciudadanos se sienten parte de una sociedad organizada y respetuosa de la ley. Si hubiese que escoger un indicador simple que permita comparar el país que debemos dejar y el Perú al que debemos evolucionar, este podría ser el número de peruanos que trabajan en los tradicionales mercadillos informales –caracterizados por su precariedad– versus el número peruanos que trabaja en centros comerciales formales y que brindan al público un ambiente limpio, ordenado y seguro.
*Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
EL COMERCIO
25-11-14
La existencia de un dinámico sector emergente, conformado por millones de micro y pequeños empresarios que a su vez conformarían una nueva y amplia clase media, es uno de nuestros mitos más difundidos y equivocados. La ilusión proviene de la existencia de más de siete millones de unidades productivas en el país. Lo que se olvida es que más del 98% de ellas son microempresas que operan en actividades de baja productividad, que solo permiten salarios o ganancias variables en el rango de 25 a 75 soles diarios para una o dos personas, dependiendo del caso. Por desgracia, la gran mayoría de esas microempresas no son expresiones de un pujante y exitoso emprendedurismo sino un esforzado mecanismo de supervivencia.
Si se quiere vincular el concepto de empresario emergente a un sector de la población, una buena aproximación sería asignárselo a la pequeña empresa. En términos gruesos, se trata de empresas que tienen entre 10 y 100 trabajadores que generan, por lo general, ingresos anuales en el rango de los cien mil a un millón de dólares. En el Perú, existen alrededor de 50 mil de estas empresas, la mitad formales y la mitad en la informalidad. Las más exitosas lograrán eventualmente su pase a la categoría de las Top 10 mil, donde la mayoría cuenta con más de 100 trabajadores.
El crecimiento de la clase media emergente en el Perú es producto del dinamismo de estas 50 mil pequeñas empresas, pero también del crecimiento sostenido de las 10 mil empresas más grandes. Entre ambas han generado un millón de empleos entre el 2006 y el 2013. Y los concurridos centros comerciales que hoy se extienden por todo el país son visitados no solo por las familias de los 50 mil pequeños empresarios y los más exitosos microempresarios sino también por el millón de nuevos trabajadores que ha generado la empresa privada en los últimos siete años.
Las políticas públicas destinadas a la generación de empleo deben estar orientadas, pues, a mejorar las condiciones para estas 60 mil empresas que proveen la mayor parte de los empleos formales del país. En ese sentido, es relevante lo que respondieron los asistentes a CADE 2014 en la encuesta de Ipsos sobre las medidas que serían más importantes para impulsar la creación de empleo: el 65% contestó que reducir la indemnización por despido y prohibir la reposición obligatoria; el 53% facilitar los contratos a plazo fijo; y el 41% facilitar la contratación de trabajadores eventuales como permanentes sin riesgo de pagar beneficios laborales por los años previos. El gobierno y el Congreso deberían recoger estos planteamientos y avanzar con audacia en dichas reformas. Como señaló El Comercio en su editorial de ayer (“Curitas laborales”), el Ejecutivo ha propuesto recientemente algunas medidas importantes en esa dirección, pero lamentablemente dista de ser la reforma que se requiere para ser más competitivos.
Cuando se publicó “El otro sendero” en 1986, el Perú vivía circunstancias muy difíciles frente a las cuales las mypes informales fueron –como destacó Hernando de Soto entonces– una salida creativa y heroica de la población. Ahora, sin embargo, si aspiramos a ser en pocas décadas un país del Primer Mundo, la prioridad debe ser impulsar el desarrollo de las medianas y grandes empresas formales. En el Perú apenas el 40% de la PEA es asalariada; en Chile es más del 60% y en Estados Unidos es el 80%. Es decir, el Perú no necesita más microempresas, al contrario, necesita menos.
La existencia de una proporción reducida de microempresas en Estados Unidos no implica que no haya en ese país un gran espíritu emprendedor pero este se concentra en los innovadores. Ese es el tipo de emprendedores que necesita el Perú, el emprendimiento de las start-ups, que analiza “Semana Económica” en su última edición, no el de las mypes informales que son solo subterfugios para el autoempleo, cuando no para la simple evasión de responsabilidades tributarias.
El crecimiento de las empresas medianas y grandes no trae solo beneficios económicos para el país en términos de producción, empleo y pago de impuestos; aporta también a la formación de una cultura cívica en la que más ciudadanos se sienten parte de una sociedad organizada y respetuosa de la ley. Si hubiese que escoger un indicador simple que permita comparar el país que debemos dejar y el Perú al que debemos evolucionar, este podría ser el número de peruanos que trabajan en los tradicionales mercadillos informales –caracterizados por su precariedad– versus el número peruanos que trabaja en centros comerciales formales y que brindan al público un ambiente limpio, ordenado y seguro.
*Presidente ejecutivo de Ipsos Perú
jueves, 28 de agosto de 2014
Una revolución silenciosa, por Franco Giuffra
Tenemos una oportunidad dorada para crear el ‘momentum’ de una segunda ola privatizadora de gran impacto.
Por: Franco Giuffra (Empresario)
EL COMERCIO
28-08-14
Una nueva oleada de privatizaciones se está gestando en el país y trae consigo fundados motivos para ser optimistas. Esta vez no se trata de la transferencia de empresas y activos, como ocurrió en la década de 1990, sino en la concesión de obras diversas de infraestructura y la provisión de servicios que se están poniendo en manos privadas. Es una magnífica noticia, porque el Estado en el Perú funciona pésimo y, aunque tiene los recursos, no puede ejecutarlos porque carece de gestión adecuada.
Vale la pena seguir de cerca lo que se está logrando a través de los mecanismos de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI), porque ello puede abrir un camino incluso más ambicioso que el obtenido con la venta de empresas estatales.
Ha sido un acierto de este gobierno, en ese sentido, perfeccionar el marco regulatorio para que los privados puedan participar en la creación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura y servicios que de otro modo tendría que ejecutar el Estado, tarde, mal y nunca.
Ya conocíamos las experiencias de concesión de grandes proyectos de carreteras, líneas de transmisión e infraestructura de telecomunicaciones. Pero lo que se puede venir es aun más alentador. Hoy contamos con una legislación que permite a las empresas privadas construir y mantener hospitales; edificar escuelas; manejar penales; ofrecer servicios médicos y muchas cosas más. Es decir, proyectos que toquen directamente a los ciudadanos en sus necesidades cotidianas. Y no solo para que sean ejecutados por las grandes corporaciones constructoras, sino por empresas de mucho menor tamaño.
En OxI, se han acumulado ya cerca de 1.300 millones de soles en obras pequeñas y medianas de saneamiento, construcción de pistas, veredas y edificación de escuelas. Hay proyectos de decenas de millones, pero también empresas que han ejecutado complejos deportivos por menos de US$250 mil.
Empresas que antes actuaban solas ahora están formando consorcios y el ‘ticket’ de las obras crece en dimensión y complejidad. No es improbable que se logren armar “fondos de inversión” privados que reúnan los aportes de muchas empresas y deleguen en un tercero la administración y seguimiento de los proyectos.
Fuera del ámbito municipal y regional, las APP crecen en ambición y alcance, incluyendo la edificación y operación de puertos y aeropuertos, y la construcción de grandes carreteras. Pero no solo hay avances en obras de gran cemento, sino en cosas como la administración de servicios generales y el mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, incluyendo la provisión de análisis de patología.
Se anuncian ahora proyectos para construir hospitales; edificar colegios y muchas otras iniciativas, una vez más, cercanas al ciudadano habitualmente desatendido por el Estado. Por este medio, se pueden hacer quirófanos, centros de diagnóstico por imágenes, redes de bibliotecas escolares, comisarías, administrar flotas de patrulleros. Es decir, de todo.
Habrá que apuntalar a Pro Inversión y darle los recursos para administrar estos procesos; habrá que capacitar a las entidades públicas para que conozcan estos trámites y armen sus expedientes; y habrá que reforzar los organismos de control para que se especialicen en monitorear estos contratos. Pero incluso todo esto se puede hacer involucrando a los privados.
Tenemos en ciernes, me parece, una oportunidad dorada para crear el ‘momentum’ de una segunda ola privatizadora de gran impacto social. Muchísimo más potente que los programas asistencialistas para ayudar a nuestros compatriotas de menores ingresos a tener una vida mejor.
Tags re
Por: Franco Giuffra (Empresario)
EL COMERCIO
28-08-14
Una nueva oleada de privatizaciones se está gestando en el país y trae consigo fundados motivos para ser optimistas. Esta vez no se trata de la transferencia de empresas y activos, como ocurrió en la década de 1990, sino en la concesión de obras diversas de infraestructura y la provisión de servicios que se están poniendo en manos privadas. Es una magnífica noticia, porque el Estado en el Perú funciona pésimo y, aunque tiene los recursos, no puede ejecutarlos porque carece de gestión adecuada.
Vale la pena seguir de cerca lo que se está logrando a través de los mecanismos de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI), porque ello puede abrir un camino incluso más ambicioso que el obtenido con la venta de empresas estatales.
Ha sido un acierto de este gobierno, en ese sentido, perfeccionar el marco regulatorio para que los privados puedan participar en la creación, construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura y servicios que de otro modo tendría que ejecutar el Estado, tarde, mal y nunca.
Ya conocíamos las experiencias de concesión de grandes proyectos de carreteras, líneas de transmisión e infraestructura de telecomunicaciones. Pero lo que se puede venir es aun más alentador. Hoy contamos con una legislación que permite a las empresas privadas construir y mantener hospitales; edificar escuelas; manejar penales; ofrecer servicios médicos y muchas cosas más. Es decir, proyectos que toquen directamente a los ciudadanos en sus necesidades cotidianas. Y no solo para que sean ejecutados por las grandes corporaciones constructoras, sino por empresas de mucho menor tamaño.
En OxI, se han acumulado ya cerca de 1.300 millones de soles en obras pequeñas y medianas de saneamiento, construcción de pistas, veredas y edificación de escuelas. Hay proyectos de decenas de millones, pero también empresas que han ejecutado complejos deportivos por menos de US$250 mil.
Empresas que antes actuaban solas ahora están formando consorcios y el ‘ticket’ de las obras crece en dimensión y complejidad. No es improbable que se logren armar “fondos de inversión” privados que reúnan los aportes de muchas empresas y deleguen en un tercero la administración y seguimiento de los proyectos.
Fuera del ámbito municipal y regional, las APP crecen en ambición y alcance, incluyendo la edificación y operación de puertos y aeropuertos, y la construcción de grandes carreteras. Pero no solo hay avances en obras de gran cemento, sino en cosas como la administración de servicios generales y el mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, incluyendo la provisión de análisis de patología.
Se anuncian ahora proyectos para construir hospitales; edificar colegios y muchas otras iniciativas, una vez más, cercanas al ciudadano habitualmente desatendido por el Estado. Por este medio, se pueden hacer quirófanos, centros de diagnóstico por imágenes, redes de bibliotecas escolares, comisarías, administrar flotas de patrulleros. Es decir, de todo.
Habrá que apuntalar a Pro Inversión y darle los recursos para administrar estos procesos; habrá que capacitar a las entidades públicas para que conozcan estos trámites y armen sus expedientes; y habrá que reforzar los organismos de control para que se especialicen en monitorear estos contratos. Pero incluso todo esto se puede hacer involucrando a los privados.
Tenemos en ciernes, me parece, una oportunidad dorada para crear el ‘momentum’ de una segunda ola privatizadora de gran impacto social. Muchísimo más potente que los programas asistencialistas para ayudar a nuestros compatriotas de menores ingresos a tener una vida mejor.
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lunes, 10 de octubre de 2011
Matrimonio con hijos: Por qué el control de fusiones es una pésima idea
Por: Alfredo Bullard*
SEMANA ECONÓMICA
10-10-11
En La gran trasformación, ese largo panfleto intervencionista que Humala presentó como su plan de gobierno original ya lo decía: hay que aprobar una ley para controlar las fusiones y adquisiciones empresariales (ver página 114). Ello significa que habrá que pedir permiso al Estado para que, cuando le dé la gana, por los tamaños que le dé la gana y en las circunstancias que le dé la gana, dos empresas se conviertan en una sola, sea mediante fusiones o adquisiciones de acciones.
El gobierno quiere debutar aprobando esa ley y abrirse el espacio para hacer “lo que le dé la gana”. Finalmente no sólo es una regulación intervencionista asociada a una tremenda discrecionalidad, sino un mecanismo para hacer populismo mediático y ejercer chantaje político.
Es como si, cuando uno se va a casar, tuviera que pedir permiso al Estado para que evalúe (cuando le dé la gana y en la forma que le dé la gana) si el matrimonio será bueno o si hay riesgo con que los esposos se agarren a golpes o maltraten a sus hijos. La pregunta es entonces, ¿con qué criterio podría el Estado limitar nuestra libertad con el argumento que casarse puede ser riesgoso? Nadie discute que un matrimonio puede acabar mal. Pero de allí a limitar la libertad de casarse hay un buen trecho.
Y cuando digo “le dé la gana” no exagero. Pocas áreas del Derecho de la Competencia dan espacio a tal nivel de discrecionalidad. Y pocas tienen tal capacidad de causar tanto daño a la actividad económica, al restarle dinámica a las empresas y elevar los costos de transacción de la reorganización empresarial.
En un área como el Derecho de la Competencia, en que el control de fusiones aparece casi como un “estándar de la industria”, estar en contra suena a ser “bicho raro”. Y más raro si eres abogado. Debo reconocer que estoy en una situación muy cómoda. Es una situación win-win en la que siempre gano. Si gano este debate, me sentiré académicamente reconfortado porque se imperará que se realice una idea que creo, con convicción es incorrecta y dañina. Pero si lo pierdo y se aprueba la ley, tendré mucho trabajo. Tratar de adivinar qué es lo que hará un adivino puede ser muy rentable. La incertidumbre de los clientes es muy lucrativa para los abogados. Y el control de fusiones es incertidumbre pura. Así que bienvenido sea el resultado, cualquiera sea este.
Hay dos niveles de discusión. El primero es si los controles de fusiones, en general y abstracto, son o no una buena idea. El segundo es si son una buena idea para un país como el Perú.
Creo que la respuesta a ambas temas es negativa. No creo que los controles de fusiones sean buena idea en general. Pero estoy convencido de que son una pésima idea en particular para el Perú. Acepto que lo primero es más debatible. Lo segundo me parece un despropósito.
El primer argumento que suele usarse es que todos lo tienen, en especial los países desarrollados. Pero el control de fusiones no es el primer ejemplo de una “moda descabellada”. Los controles de precios fueron parte del estándar general de la “industria regulatoria” hace unas décadas. Lo mismo pasó con el control de flujos de capitales, la sustitución de importaciones o las políticas proteccionistas en el comercio internacional. En su época fueron todas “estándares de la industria”. Estaban de moda, y miren dónde terminaron en el consenso general. Estoy convencido de que algo así ocurrirá en unos años con los controles de fusiones.
Creo que el verdadero problema de quienes justifican su existencia es una mala comprensión de la competencia, de los mercados y, en especial, del sistema de precios.
El argumento para justificar el control de fusiones es que empresas más grandes reducen la rivalidad entre ellas, y con ello los precios suben. Y a nadie le gusta pagar precios más altos.
Pero los precios bajos no son un fin en sí mismos. Los precios son sólo un medio para mandar señales. Si algo es escaso, los precios cumplen su función elevándose, con lo que se encargan de mandar señales para corregir la situación. Los controles de fusiones son una creación antagónica con la lógica de la competencia, pues precisamente la niegan y la reemplazan con discrecionalidad burocrática. La concentración y desconcentración de empresas es una parte esencial del funcionamiento del proceso competitivo. Si la concentración genera escasez, los precios se encargan de mandar señales para atraer la entrada de nueva competencia. Si no la generan, las señales (precio bajo) indicarán que el número de empresas en el mercado es el adecuado.
El control de fusiones intenta reemplazar el funcionamiento de los precios por la decisión “iluminada” de funcionarios públicos que supuestamente están en la capacidad de saber cuántas empresas tener y de qué tamaño eficiente de las mismas.
En esa línea el argumento a favor del control de fusiones es más o menos el siguiente: si dejamos que la gente se case libremente, pueden generarse problemas. El marido puede pegarle a la esposa o los hijos. Imaginemos que para prevenirlos se nos ocurre sujetar los matrimonios a una evaluación previa de una autoridad para ver si conviene o no que se casen. Se puede mediante análisis psicológicos o médicos predecir algunos de estos riesgos, y profetizar un resultado. Si la profecía es negativa no se autoriza el matrimonio.
Con ello quizás evite algunas situaciones no deseadas, pero de paso evitaré matrimonios que podrían haber sido felices. La pareja que supuestamente se iba a agarrar a golpes podría pasarse toda la vida dándose besitos y amándose incondicionalmente. Si el marido le pega a la mujer (o la mujer al marido para no ser sexista) entonces lo sancionas cuando le pegan. Pero no prohíbes que la gente se case ni sujetas el matrimonio a aprobaciones administrativas previas.
Y si se propone el argumento que en Derecho de la Competencia hay daños a terceros, es decir los consumidores, en el matrimonio uno le puede pegar también a los hijos pero no por eso evalúas previamente el matrimonio ni sujetas las relaciones sexuales a aprobación previa para evitar hijos abusados.
Los problemas se agudizan en un país como el Perú. Se puede argumentar a favor de incluir un sistema similar ya que este mecanismo de control tiene un uso extendido en otras jurisdicciones (Estados Unidos, Comunidad Europea, entre otros). Si bien ello es cierto, y sin perjuicio de lo cuestionable en general que puedan ser este tipo de sistemas, también es cierto que donde ello ocurre existen una serie de condiciones institucionales (recursos, personal experimentado, mecanismos de control sobre la discrecionalidad de los funcionarios, etc.) que garantizan, hasta cierto nivel, que el mecanismo no será utilizado para alcanzar objetivos diferentes al fortalecimiento del mercado y la competencia (corrupción o manejo político, por ejemplo).
Por ejemplo, son malos indicadores de que tal capacidad institucional exista, la alta rotación de funcionarios y personal en la agencia de competencia.
A ello se suma la falta de predictibilidad de las decisiones de la agencia de competencia, algo especialmente sensible en un área como el control de fusiones que afecta seriamente las decisiones de reorganización empresarial y de inversión. Han habido periodos de poca consistencia en las decisiones del INDECOPI. Por ejemplo durante el año 2003, el Tribunal de dicha institución no confirmó ninguna de las resoluciones de la Comisión que fueron apeladas; el año 2004, el Tribunal sólo confirmó una de las 10 resoluciones de la Comisión.
De incorporarse a nuestro sistema un control de fusiones sin la existencia de garantías institucionales mínimas, generaría oportunidades y condiciones para el error y para el abuso. La aplicación de mecanismos para el control de fusiones y concentraciones empresariales por agencias que carecen de capacidad institucional puede derivar en la utilización del instrumento para alcanzar objetivos políticos o personales que nada tienen que ver con objetivos de eficiencia o, lo que resulta mas frecuente, pueden conducir a una toma de decisiones equivocadas, lo cual afectaría el crecimiento y eficiencia del sector privado.
Finalmente, el control de fusiones es un acto de adivinación, en el que un conjunto de funcionarios públicos tiene que predecir los efectos positivos o negativos de la operación. Esa decisión se toma con información limitada y pobre y el margen de error es muy alto. Sin dudas las concentraciones empresariales pueden afectar la competencia. Pero esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es si las decisiones de los funcionarios públicos pueden ser más eficaces que el funcionamiento del mercado para corregir los problemas de falta de competencia. Y si el argumento es que hay barreras o mercados no transables, la respuesta no es el control de fusiones, sino en todo caso la eliminación de las barreras.
Vayamos a Estados Unidos. Allí, en el supuesto negado que el control de fusiones fuera en abstracto bueno, existen numerosas fuentes de información. Uno puede tener acceso a secuencias de precios de décadas en una industria. En el Perú eso no existe. ¿Cómo predecir el futuro cuando no se sabe ni siquiera que pasó en el pasado? Nuestro conocimiento del funcionamiento de los mercados es paupérrimo. ¿Cómo resolver una fusión sin información? El riesgo de error se multiplica exponencialmente en un país como el Perú.
Además no tomamos en cuenta cómo se forman las decisiones económicas en el mercado. Cuando dos empresas se fusionan ni ellas saben si ello va a ser eficiente. Creen que puede serlo. Pero llegan a descubrir la verdad en un proceso de ensayo-error contínuo. Se fusionan y si las cosas van bien siguen. Pero de no ser así cambian la decisión y de pronto se escinden, o cambian su proceso productivo, o simplemente cierran el negocio o se fusionan con otro. No es una sola decisión, es una decisión que se forma de muchas decisiones distintas que ajustan la situación según las circunstancias. Ese es el proceso de construcción destructiva o de destrucción contractiva del que habla Shumpeter. El control de fusiones es un solo disparo. No hay ensayo error, es error puro. Y la posibilidad de atinarle en un solo disparo es remota. Y es que en el fondo quienes creen en el control de fusiones olvidan lo que Hayek señala sobre que la información esta diseminada y que justamente el mercado tienen el merito de coordinarla en un proceso continuo que nunca termina, a diferencia de un expediente que se acaba con la resolución final del INDECOPI.
Resumiendo, las razones por las que no se ha adoptado un control general de fusiones son:
El tamaño de la economía peruana.
Dadas las dimensiones de la economía peruana, se considera que la existencia de controles de fusiones o de remedios estructurales podrían desincentivar el desarrollo de empresas que alcancen las economías de escala necesarias para competir internacionalmente. Así empresas con participaciones del mercado nacional significativas pueden no ser realmente grandes en comparación con estándares internacionales. Un control de fusiones haría difícil llegar a las economías de escala necesarias para ser realmente competitivas elevando a su vez los costos de transacción para las reorganizaciones empresariales.
La falta de experiencia e información en la autoridad peruana.
El control de fusiones se ha desarrollado en países con economías distintas a la peruana. Los referentes internacionales como el sistema norteamericano o el de países europeos pueden no ser pertinentes para un país como el Perú. Ello hace que la posibilidad de error sea elevada y con ello se podría estar limitando un desarrollo efectivo de las empresas. Evitar estos errores puede ayudar a un desarrollo de eficiencias en nuestra economía. Son autoridades si experiencia y sin información disponible para tomar las decisiones.
La capacidad del mercado para corregir fusiones o escalas empresariales ineficientes.
Dado que el Perú tiene una economía en principio abierta (y que curiosamente muchos de los defensores del control de fusiones pretenden cerrar más con la otra mano), es de esperar que cualquier ganancia monopólica generada por una fusión o dimensiones exageradas de una empresa en la que la reducción de rivalidad sea ineficiente, genere incentivos para la rápida entrada de competidores que corrijan la situación.
La escasez de recursos y la prioridad en su uso.
La autoridad peruana carece de suficientes recursos. La agencia de competencia enfrenta por tanto la disyuntiva de hacer mucho con poco. El control de fusiones es de todas las actividades que debe desarrollar una agencia de competencia la que más recursos consume, a pesar de la incertidumbre de sus resultados. Ello aumenta el riesgo de error, pero a su vez distrae recursos de otras actividades necesarias para promover la competencia. En particular, en un país como el Perú donde la causa principal de limitaciones a la competencia está constituida por barreras legales y burocráticas al mercado, el INDECOPI debería priorizar tales actividades (en su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI que justamente elimina esas barreras) antes de distraer recursos en un poco preciso y costoso control de fusiones.
En el control de fusiones todas son dudas, y limitar la libertad en base a dudas suele ser la fuente de arbitrariedad. Con tantas dudas no queda sino seguir el consejo de Santo Tomas: “En la duda, abstente”.
* Abogado en Bullard, Falla & Ezcurra
SEMANA ECONÓMICA
10-10-11
En La gran trasformación, ese largo panfleto intervencionista que Humala presentó como su plan de gobierno original ya lo decía: hay que aprobar una ley para controlar las fusiones y adquisiciones empresariales (ver página 114). Ello significa que habrá que pedir permiso al Estado para que, cuando le dé la gana, por los tamaños que le dé la gana y en las circunstancias que le dé la gana, dos empresas se conviertan en una sola, sea mediante fusiones o adquisiciones de acciones.
El gobierno quiere debutar aprobando esa ley y abrirse el espacio para hacer “lo que le dé la gana”. Finalmente no sólo es una regulación intervencionista asociada a una tremenda discrecionalidad, sino un mecanismo para hacer populismo mediático y ejercer chantaje político.
Es como si, cuando uno se va a casar, tuviera que pedir permiso al Estado para que evalúe (cuando le dé la gana y en la forma que le dé la gana) si el matrimonio será bueno o si hay riesgo con que los esposos se agarren a golpes o maltraten a sus hijos. La pregunta es entonces, ¿con qué criterio podría el Estado limitar nuestra libertad con el argumento que casarse puede ser riesgoso? Nadie discute que un matrimonio puede acabar mal. Pero de allí a limitar la libertad de casarse hay un buen trecho.
Y cuando digo “le dé la gana” no exagero. Pocas áreas del Derecho de la Competencia dan espacio a tal nivel de discrecionalidad. Y pocas tienen tal capacidad de causar tanto daño a la actividad económica, al restarle dinámica a las empresas y elevar los costos de transacción de la reorganización empresarial.
En un área como el Derecho de la Competencia, en que el control de fusiones aparece casi como un “estándar de la industria”, estar en contra suena a ser “bicho raro”. Y más raro si eres abogado. Debo reconocer que estoy en una situación muy cómoda. Es una situación win-win en la que siempre gano. Si gano este debate, me sentiré académicamente reconfortado porque se imperará que se realice una idea que creo, con convicción es incorrecta y dañina. Pero si lo pierdo y se aprueba la ley, tendré mucho trabajo. Tratar de adivinar qué es lo que hará un adivino puede ser muy rentable. La incertidumbre de los clientes es muy lucrativa para los abogados. Y el control de fusiones es incertidumbre pura. Así que bienvenido sea el resultado, cualquiera sea este.
Hay dos niveles de discusión. El primero es si los controles de fusiones, en general y abstracto, son o no una buena idea. El segundo es si son una buena idea para un país como el Perú.
Creo que la respuesta a ambas temas es negativa. No creo que los controles de fusiones sean buena idea en general. Pero estoy convencido de que son una pésima idea en particular para el Perú. Acepto que lo primero es más debatible. Lo segundo me parece un despropósito.
El primer argumento que suele usarse es que todos lo tienen, en especial los países desarrollados. Pero el control de fusiones no es el primer ejemplo de una “moda descabellada”. Los controles de precios fueron parte del estándar general de la “industria regulatoria” hace unas décadas. Lo mismo pasó con el control de flujos de capitales, la sustitución de importaciones o las políticas proteccionistas en el comercio internacional. En su época fueron todas “estándares de la industria”. Estaban de moda, y miren dónde terminaron en el consenso general. Estoy convencido de que algo así ocurrirá en unos años con los controles de fusiones.
Creo que el verdadero problema de quienes justifican su existencia es una mala comprensión de la competencia, de los mercados y, en especial, del sistema de precios.
El argumento para justificar el control de fusiones es que empresas más grandes reducen la rivalidad entre ellas, y con ello los precios suben. Y a nadie le gusta pagar precios más altos.
Pero los precios bajos no son un fin en sí mismos. Los precios son sólo un medio para mandar señales. Si algo es escaso, los precios cumplen su función elevándose, con lo que se encargan de mandar señales para corregir la situación. Los controles de fusiones son una creación antagónica con la lógica de la competencia, pues precisamente la niegan y la reemplazan con discrecionalidad burocrática. La concentración y desconcentración de empresas es una parte esencial del funcionamiento del proceso competitivo. Si la concentración genera escasez, los precios se encargan de mandar señales para atraer la entrada de nueva competencia. Si no la generan, las señales (precio bajo) indicarán que el número de empresas en el mercado es el adecuado.
El control de fusiones intenta reemplazar el funcionamiento de los precios por la decisión “iluminada” de funcionarios públicos que supuestamente están en la capacidad de saber cuántas empresas tener y de qué tamaño eficiente de las mismas.
En esa línea el argumento a favor del control de fusiones es más o menos el siguiente: si dejamos que la gente se case libremente, pueden generarse problemas. El marido puede pegarle a la esposa o los hijos. Imaginemos que para prevenirlos se nos ocurre sujetar los matrimonios a una evaluación previa de una autoridad para ver si conviene o no que se casen. Se puede mediante análisis psicológicos o médicos predecir algunos de estos riesgos, y profetizar un resultado. Si la profecía es negativa no se autoriza el matrimonio.
Con ello quizás evite algunas situaciones no deseadas, pero de paso evitaré matrimonios que podrían haber sido felices. La pareja que supuestamente se iba a agarrar a golpes podría pasarse toda la vida dándose besitos y amándose incondicionalmente. Si el marido le pega a la mujer (o la mujer al marido para no ser sexista) entonces lo sancionas cuando le pegan. Pero no prohíbes que la gente se case ni sujetas el matrimonio a aprobaciones administrativas previas.
Y si se propone el argumento que en Derecho de la Competencia hay daños a terceros, es decir los consumidores, en el matrimonio uno le puede pegar también a los hijos pero no por eso evalúas previamente el matrimonio ni sujetas las relaciones sexuales a aprobación previa para evitar hijos abusados.
Los problemas se agudizan en un país como el Perú. Se puede argumentar a favor de incluir un sistema similar ya que este mecanismo de control tiene un uso extendido en otras jurisdicciones (Estados Unidos, Comunidad Europea, entre otros). Si bien ello es cierto, y sin perjuicio de lo cuestionable en general que puedan ser este tipo de sistemas, también es cierto que donde ello ocurre existen una serie de condiciones institucionales (recursos, personal experimentado, mecanismos de control sobre la discrecionalidad de los funcionarios, etc.) que garantizan, hasta cierto nivel, que el mecanismo no será utilizado para alcanzar objetivos diferentes al fortalecimiento del mercado y la competencia (corrupción o manejo político, por ejemplo).
Por ejemplo, son malos indicadores de que tal capacidad institucional exista, la alta rotación de funcionarios y personal en la agencia de competencia.
A ello se suma la falta de predictibilidad de las decisiones de la agencia de competencia, algo especialmente sensible en un área como el control de fusiones que afecta seriamente las decisiones de reorganización empresarial y de inversión. Han habido periodos de poca consistencia en las decisiones del INDECOPI. Por ejemplo durante el año 2003, el Tribunal de dicha institución no confirmó ninguna de las resoluciones de la Comisión que fueron apeladas; el año 2004, el Tribunal sólo confirmó una de las 10 resoluciones de la Comisión.
De incorporarse a nuestro sistema un control de fusiones sin la existencia de garantías institucionales mínimas, generaría oportunidades y condiciones para el error y para el abuso. La aplicación de mecanismos para el control de fusiones y concentraciones empresariales por agencias que carecen de capacidad institucional puede derivar en la utilización del instrumento para alcanzar objetivos políticos o personales que nada tienen que ver con objetivos de eficiencia o, lo que resulta mas frecuente, pueden conducir a una toma de decisiones equivocadas, lo cual afectaría el crecimiento y eficiencia del sector privado.
Finalmente, el control de fusiones es un acto de adivinación, en el que un conjunto de funcionarios públicos tiene que predecir los efectos positivos o negativos de la operación. Esa decisión se toma con información limitada y pobre y el margen de error es muy alto. Sin dudas las concentraciones empresariales pueden afectar la competencia. Pero esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es si las decisiones de los funcionarios públicos pueden ser más eficaces que el funcionamiento del mercado para corregir los problemas de falta de competencia. Y si el argumento es que hay barreras o mercados no transables, la respuesta no es el control de fusiones, sino en todo caso la eliminación de las barreras.
Vayamos a Estados Unidos. Allí, en el supuesto negado que el control de fusiones fuera en abstracto bueno, existen numerosas fuentes de información. Uno puede tener acceso a secuencias de precios de décadas en una industria. En el Perú eso no existe. ¿Cómo predecir el futuro cuando no se sabe ni siquiera que pasó en el pasado? Nuestro conocimiento del funcionamiento de los mercados es paupérrimo. ¿Cómo resolver una fusión sin información? El riesgo de error se multiplica exponencialmente en un país como el Perú.
Además no tomamos en cuenta cómo se forman las decisiones económicas en el mercado. Cuando dos empresas se fusionan ni ellas saben si ello va a ser eficiente. Creen que puede serlo. Pero llegan a descubrir la verdad en un proceso de ensayo-error contínuo. Se fusionan y si las cosas van bien siguen. Pero de no ser así cambian la decisión y de pronto se escinden, o cambian su proceso productivo, o simplemente cierran el negocio o se fusionan con otro. No es una sola decisión, es una decisión que se forma de muchas decisiones distintas que ajustan la situación según las circunstancias. Ese es el proceso de construcción destructiva o de destrucción contractiva del que habla Shumpeter. El control de fusiones es un solo disparo. No hay ensayo error, es error puro. Y la posibilidad de atinarle en un solo disparo es remota. Y es que en el fondo quienes creen en el control de fusiones olvidan lo que Hayek señala sobre que la información esta diseminada y que justamente el mercado tienen el merito de coordinarla en un proceso continuo que nunca termina, a diferencia de un expediente que se acaba con la resolución final del INDECOPI.
Resumiendo, las razones por las que no se ha adoptado un control general de fusiones son:
El tamaño de la economía peruana.
Dadas las dimensiones de la economía peruana, se considera que la existencia de controles de fusiones o de remedios estructurales podrían desincentivar el desarrollo de empresas que alcancen las economías de escala necesarias para competir internacionalmente. Así empresas con participaciones del mercado nacional significativas pueden no ser realmente grandes en comparación con estándares internacionales. Un control de fusiones haría difícil llegar a las economías de escala necesarias para ser realmente competitivas elevando a su vez los costos de transacción para las reorganizaciones empresariales.
La falta de experiencia e información en la autoridad peruana.
El control de fusiones se ha desarrollado en países con economías distintas a la peruana. Los referentes internacionales como el sistema norteamericano o el de países europeos pueden no ser pertinentes para un país como el Perú. Ello hace que la posibilidad de error sea elevada y con ello se podría estar limitando un desarrollo efectivo de las empresas. Evitar estos errores puede ayudar a un desarrollo de eficiencias en nuestra economía. Son autoridades si experiencia y sin información disponible para tomar las decisiones.
La capacidad del mercado para corregir fusiones o escalas empresariales ineficientes.
Dado que el Perú tiene una economía en principio abierta (y que curiosamente muchos de los defensores del control de fusiones pretenden cerrar más con la otra mano), es de esperar que cualquier ganancia monopólica generada por una fusión o dimensiones exageradas de una empresa en la que la reducción de rivalidad sea ineficiente, genere incentivos para la rápida entrada de competidores que corrijan la situación.
La escasez de recursos y la prioridad en su uso.
La autoridad peruana carece de suficientes recursos. La agencia de competencia enfrenta por tanto la disyuntiva de hacer mucho con poco. El control de fusiones es de todas las actividades que debe desarrollar una agencia de competencia la que más recursos consume, a pesar de la incertidumbre de sus resultados. Ello aumenta el riesgo de error, pero a su vez distrae recursos de otras actividades necesarias para promover la competencia. En particular, en un país como el Perú donde la causa principal de limitaciones a la competencia está constituida por barreras legales y burocráticas al mercado, el INDECOPI debería priorizar tales actividades (en su Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI que justamente elimina esas barreras) antes de distraer recursos en un poco preciso y costoso control de fusiones.
En el control de fusiones todas son dudas, y limitar la libertad en base a dudas suele ser la fuente de arbitrariedad. Con tantas dudas no queda sino seguir el consejo de Santo Tomas: “En la duda, abstente”.
* Abogado en Bullard, Falla & Ezcurra
miércoles, 25 de noviembre de 2009
Los Últimos Apóstoles
Por: Luis Felipe Gamarra
EL COMERCIO
25-11-09
El "idilio" entre el poder político y el económico
Los patriarcas que sobreviven hasta hoy aplicaron reformas en sus empresas, lo que no hicieron los demás grupos, que terminaron siendo comprados o reducidos a cenizas por las transnacionales
Los “apóstoles” practicaron una vida monástica dedicada a sus empresas, que para ese entonces eran como una extensión visible de su intimidad familiar. Y cómo no iban a serlo, si en la fachada de sus firmas estaban —en letras labradas en bronce— los apellidos que heredaron de sus progenitores: hombres que llegaron al Perú el siglo XIX desde ultramar, sin un centavo en los bolsillos, pero con instinto para hacer dinero.
Como lo dijo Mario Brescia Cafferata, líder del grupo Brescia, uno de los más importantes del Perú, en la última Convención Anual de Ejecutivos (CADE): eran jefes de familia que construyeron fortunas trabajando durante décadas, acumulando capital en torno a una empresa altamente rentable, que se consolidó en un nicho económico, y que se diversificó más tarde en diversos sectores.
Para la década de los ochenta, los “apóstoles” encabezaban más de doce grupos económicos: Benavides, Brescia, Romero, Lanata Piaggio, Wiese, Bentín Mujica, Picasso Candamo, Raffo, Ferreyros, Nicolini, Olaechea-Álvarez Calderón, Cogorno, Piazza Tangüis y Delgado Parker.
Eran grupos que desde los años cincuenta representaron un poder económico que reemplazó a las viejas oligarquías. Todos estos apellidos representaban casi la totalidad del sector privado, en rubros que iban desde minería, agricultura, construcción, industria, banca y pesca, hasta telecomunicaciones, consumo masivo y manufactura. Pero, como sucedió con la mayoría de las grandes especies que se extinguieron, los “apóstoles” eran altamente vulnerables: su supervivencia dependía de las prebendas del Estado, a las que muchos de estos empresarios se acostumbraron durante las décadas del setenta y ochenta, como reconoció Dionisio Romero Seminario, en la CADE 2009.
En junio de 1986, al más puro estilo italiano, los jefes de las doce familias más influyentes del sector privado se juntaron en casa del empresario Alberto Biondi Bernales con el presidente Alan García Pérez y sus principales ministros para discutir lo que se denominaría una “política de concertación selectiva”, que consistía en otorgarles diversos beneficios a cambio de que reinvirtieran sus utilidades.
En la CADE de 1985, el presidente García clausuró la cita de ejecutivos reclamándoles a los empresarios: “Hay que apostar, señores. No esperar. Aquí no se puede exigir más garantías que a un banco de Miami. Hay que entregarse”. En la casa de Biondi, los empresarios le explicaron al presidente que ellos preferían llevarse sus utilidades al extranjero porque temían otro impulso estatista del Gobierno. “Había temor. La economía estaba centralizada”, dice Ricardo Vega Llona, quien participó en algunas de esas reuniones.
Sin embargo, a pesar de todas las facilidades que les brindó García, los empresarios no cumplieron su palabra. Por ese motivo, en julio de 1987, García anunció la nacionalización de la banca, que era controlada por los ’12 apóstoles”. A pesar de que esta no prosperó, la relación entre los “apóstoles” y García se destruyó.
El meteoro que produjo su extinción caería unos años más tarde, con la fuerza de un tsunami llamado Fujimori: la liberalización de la economía hizo que todos perdieran sus beneficios, obligándolos de golpe a competir con productos venidos del exterior. Muchos trataron de batallar en ese contexto, pero la mayoría de grupos terminaron siendo comprados por transnacionales.
De todos ellos, solo siguen vigentes Benavides, Brescia y Romero (en menor escala se mantienen Raffo y Ferreyros). ¿Por qué? Son los únicos de todos los “apóstoles” que salieron sin temor al exterior a captar capitales frescos en bolsas de valores del mundo, o elevando la capacidad de sus inversiones con socios regionales. Otro punto: la masa crítica de sus gerencias está hoy en manos de ejecutivos ajenos a la familia. ¿Cuáles serán los apóstoles del futuro?
EL COMERCIO
25-11-09
El "idilio" entre el poder político y el económico
Los patriarcas que sobreviven hasta hoy aplicaron reformas en sus empresas, lo que no hicieron los demás grupos, que terminaron siendo comprados o reducidos a cenizas por las transnacionales
Los “apóstoles” practicaron una vida monástica dedicada a sus empresas, que para ese entonces eran como una extensión visible de su intimidad familiar. Y cómo no iban a serlo, si en la fachada de sus firmas estaban —en letras labradas en bronce— los apellidos que heredaron de sus progenitores: hombres que llegaron al Perú el siglo XIX desde ultramar, sin un centavo en los bolsillos, pero con instinto para hacer dinero.
Como lo dijo Mario Brescia Cafferata, líder del grupo Brescia, uno de los más importantes del Perú, en la última Convención Anual de Ejecutivos (CADE): eran jefes de familia que construyeron fortunas trabajando durante décadas, acumulando capital en torno a una empresa altamente rentable, que se consolidó en un nicho económico, y que se diversificó más tarde en diversos sectores.
Para la década de los ochenta, los “apóstoles” encabezaban más de doce grupos económicos: Benavides, Brescia, Romero, Lanata Piaggio, Wiese, Bentín Mujica, Picasso Candamo, Raffo, Ferreyros, Nicolini, Olaechea-Álvarez Calderón, Cogorno, Piazza Tangüis y Delgado Parker.
Eran grupos que desde los años cincuenta representaron un poder económico que reemplazó a las viejas oligarquías. Todos estos apellidos representaban casi la totalidad del sector privado, en rubros que iban desde minería, agricultura, construcción, industria, banca y pesca, hasta telecomunicaciones, consumo masivo y manufactura. Pero, como sucedió con la mayoría de las grandes especies que se extinguieron, los “apóstoles” eran altamente vulnerables: su supervivencia dependía de las prebendas del Estado, a las que muchos de estos empresarios se acostumbraron durante las décadas del setenta y ochenta, como reconoció Dionisio Romero Seminario, en la CADE 2009.
En junio de 1986, al más puro estilo italiano, los jefes de las doce familias más influyentes del sector privado se juntaron en casa del empresario Alberto Biondi Bernales con el presidente Alan García Pérez y sus principales ministros para discutir lo que se denominaría una “política de concertación selectiva”, que consistía en otorgarles diversos beneficios a cambio de que reinvirtieran sus utilidades.
En la CADE de 1985, el presidente García clausuró la cita de ejecutivos reclamándoles a los empresarios: “Hay que apostar, señores. No esperar. Aquí no se puede exigir más garantías que a un banco de Miami. Hay que entregarse”. En la casa de Biondi, los empresarios le explicaron al presidente que ellos preferían llevarse sus utilidades al extranjero porque temían otro impulso estatista del Gobierno. “Había temor. La economía estaba centralizada”, dice Ricardo Vega Llona, quien participó en algunas de esas reuniones.
Sin embargo, a pesar de todas las facilidades que les brindó García, los empresarios no cumplieron su palabra. Por ese motivo, en julio de 1987, García anunció la nacionalización de la banca, que era controlada por los ’12 apóstoles”. A pesar de que esta no prosperó, la relación entre los “apóstoles” y García se destruyó.
El meteoro que produjo su extinción caería unos años más tarde, con la fuerza de un tsunami llamado Fujimori: la liberalización de la economía hizo que todos perdieran sus beneficios, obligándolos de golpe a competir con productos venidos del exterior. Muchos trataron de batallar en ese contexto, pero la mayoría de grupos terminaron siendo comprados por transnacionales.
De todos ellos, solo siguen vigentes Benavides, Brescia y Romero (en menor escala se mantienen Raffo y Ferreyros). ¿Por qué? Son los únicos de todos los “apóstoles” que salieron sin temor al exterior a captar capitales frescos en bolsas de valores del mundo, o elevando la capacidad de sus inversiones con socios regionales. Otro punto: la masa crítica de sus gerencias está hoy en manos de ejecutivos ajenos a la familia. ¿Cuáles serán los apóstoles del futuro?
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